Hoy, día 6 de febrero, es el día mundial de tolerancia cero a la mutilación genital femenina. Entre 100 y 140 millones de mujeres en al menos 28 países del mundo han sido sometidas a esta aberrante práctica, según la Organización Mundial de la Salud. Además, 3 millones de niñas en África siguen estando en riesgo cada año.
Sólo en 14 de los 28 países donde se realiza esta práctica se ha prohibido por ley este rito.
Se calcula que en África se han sometido a esta práctica atroz aproximadamente 92 millones de niñas de más de 10 años.
Cada minuto que pasa, cuatro niñas son víctimas en el mundo de la mutilación total o parcial de sus genitales. Amnistía Internacional denuncia continuamente esta situación que, en países como por ejemplo Egipto, alcanza al 97% de las mujeres.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vuelve a alertar de las terribles consecuencias de esta tradición y revela cifras impresionantes: “La tasa de mortalidad de los recién nacidos es hasta 55% más alta cuando la madre ha sido mutilada. La cantidad de mujeres que sufren hemorragias postparto es un 70% mayor cuando existe una mutilación severa” y “entre diez y veinte bebés de cada mil mueren como consecuencia de la mutilación”.
Dicha práctica persiste, en parte, por la percepción social, ya que todavía se piensa que si las niñas renuncian a la ablación, tanto ellas como sus familias se arriesgan a padecer vergüenza y exclusión social, al tiempo que verán reducidas las perspectivas de matrimonio.
Esta es una práctica que genera inquietantes cuestionamientos acerca del respeto o no que debe tenerse hacia las costumbres. ¿Hay que respetarlas aun cuando resulta ser una violación a los derechos humanos, derechos como el de no discriminación, de salud, y de integridad física? No quedan dudas de que pone en riesgo la vida de las niñas, violando así los derechos humanos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona.
Son muchos los organismos que luchan por la abolición total de la mutilación genital femenina. Se ha logrado que algunos gobiernos de África y otros lugares tomen medidas para eliminar la práctica. Estas medidas incluyen leyes que la criminalizan, educación y programas sociales, el uso de remedios civiles y regulaciones administrativas para prevenir la práctica. Sin embargo, en los países africanos la mutilación genital femenina sigue siendo una práctica vigente. Lo cual provoca serios interrogantes antropológicos. ¿De qué modo enfrentarlo si es una costumbre relacionada con las creencias? ¿Qué está primero, la costumbre cultural local o los derechos humanos universales?
Lamentablemente, ver esta práctica desaparecer no es algo que se pueda imaginar de un día para otro. El trabajo que hay que realizar es inmenso y muy difícil, ya que se trata de lograr un cambio de mentalidad. Este cambio no puede ser sino el resultado de una voluntad política de erradicar esta práctica y de respetar así los convenios internacionales firmados por los mismos países donde se practica. Es cierto que, en África, algunos países se han dotado de leyes que hacen de la mutilación genital un crimen o un delito, pero los medios para aplicar la ley no están a la altura del problema. Para llegar a la erradicación es necesario poner medios para que la información llegue a las aldeas más remotas y se sepa que el desprecio a la integridad física de las niñas y las mujeres está perseguido por la ley. Hacen falta medios para que las organizaciones que ya conocen y luchan contra esta práctica lleven a cabo acciones adaptadas. Por ejemplo, dando formación a las ejecutoras del acto, a las cuales habría que encontrar otra actividad; encontrar una forma de mantener una ceremonia que simbolice el paso a la vida de mujer sin atentar a la integridad física de la niña. Un esfuerzo de imaginación es también necesario para multiplicar ideas alternativas que respeten la dignidad, la salud y la vida de las personas.
Pese a que la intervención del Derecho penal está plenamente justificada por la grave lesión de derechos fundamentales de la mujer que representa la mutilación genital femenina, hay que concluir que la prohibición expresa de tales hechos en el Código penal juega un importante papel de prevención general, pero la actuación frente a esa clase de hechos no puede reducirse a su tipificación como delito, sino que forzosamente ha de ir acompañada de todo un conjunto de medidas previas, si se quiere ser eficaz ante un problema tan complejo y con tantas aristas, pues de lo contrario, los destinatarios de tal mensaje de prohibición lejos de abandonar tales prácticas pueden reaccionar en un refuerzo de sus creencias como signo de identidad.
