La formación política Somos Melilla ha solicitado a la Ciudad Autónoma que se establezca un cuerpo de técnicos que supervise el cumplimiento de los contratos con las empresas adjudicatarias para evitar posibles impagos a los trabajadores.
El portavoz del Grupo Mixto, Amin Azmani, interpeló al Ejecutivo local sobre la externalización de los servicios públicos y las repercusiones a los trabajadores de la gestión de dicha externalización. Una práctica que denunció, ha sido algo común en todos los gobiernos de la Ciudad con el fin de establecer criterios de ahorro.
"Llevamos muchos años siendo conocedores de numerosas denuncias de impagos por parte de trabajadores de las empresas adjudicatarias y por parte de usuarios y beneficiarios de dicho servicios públicos".
Además, recordó que tanto la Ley del Sector Público o Ley de Contratos 9/2007 regulan la contratación pública en España recogiendo los principios de la normativa europea.
Por otro lado, ha demandado al Gobierno que exija a las empresas adjudicatarias el pago del plus de residencia a los trabajadores. Una cuestión que denunció, algunas se están negando a abonar.
"Hay que dejar claro que si uno quiere trabajar con la Administración local autónoma tiene que pagar el plus de residencia a sus trabajadores. No puede ser que tengamos trabajadores de primera y de segunda".
En respuesta a Azmani, el consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha asegurado que desde el Gobierno se toman las medidas pertinentes en caso de posibles impagos.
"Lo que no le voy a aceptar es que diga que esta Administración tiene un comportamiento de complicidad para perjudicar a los trabajadores".
En este sentido, Conesa afirmó que se quería avanzar en el control y la posibilidad de adoptar sanciones. Por este motivo, anunció que desde la Ciudad se está trabajando en realizar modificaciones de los pliegos de claúsulas administrativas, como el establecimiento de que el contratista tenga la obligación de responder por los salarios impagados a los trabajadores, así como las cotizaciones, entre otras.
En su turno de réplica, Azmani afirmó que el Ejecutivo es conocedor de los posibles impagos, una vez que, según dijo, han sido varios los trabajadores que han trasladado al Gobierno los impagos que están sufriendo, aportando algunos ejemplos como Arquisocial, Sureste y otras empresas adjudicatarias de las que denunció su gestión. Además de hacer referencia a cómo han afectado las obras del Rastro a los negocios de esta zona de nuestra ciudad. Por ello, abogó por el establecimiento de un cuerpo de técnicos de manera urgente que supervise el cumplimiento de los contratos.
Durante la réplica se produjo un rifirrafe con el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, a tenor de la expresión "llegó de la mano del Gobierno", en referencia a las empresas que el portavoz del Grupo Mixto comenzó a citar.
Algo que tuvo la respuesta del consejero de Hacienda, quien dijo que las empresas participan en un procedimiento de licitación de una mesa de contratación, "donde no hay políticos".
Hay está, y una vez que se consolide, como en la tómbola, Premio libre designación, que? que que no?
Más gente a comer de la olla grande. Y por supuesto, para nada...
¿Y para qué está el interventor? Menudos lumbreras estos.