Somos Melilla reprocha que no somos ejemplo en gestión y atención a niños con necesidades educativas especiales

Jadu Dris, miembro del Comité Directivo de Somos Melilla, ha denunciado que el caso de Carmen, la niña de huesos de cristal que lleva muchos días sin poder jugar con sus compañeros de recreo, es un caso intolerable y ejemplo de muchos que demuestran que la discriminación y la desigualdad existen en la ciudad.

Este caso ha puesto el foco de atención no sólo en ella sino en todos aquellos niños/as que merecen una educación inclusiva y de calidad tal y como establecen la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) y la Constitución. "Por desgracia y por desidia política, Melilla incumple nuestra legislación en este ámbito", apuntan desde la formación.

La dirigente regionalista ha señalado “que desde la Administración se asegure los ajustes razonables en función de las necesidades individuales es lo mínimo que podemos exigir, al Ministerio de Educación y al Gobierno de la Ciudad, ambos corresponsables de que nuestra Educación Pública sea igualitaria, accesible y de calidad".

Esa “escolarización del alumnado con necesidades especiales que además debe estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva” como bien viene recogido en el art. 74 de la LOMLOE, es lo que, según Somos Melilla, lleva a esperar que el Gobierno Central dote de los medios necesarios para que haya una inclusión efectiva, como es el caso de Carmen, que no es el único desgraciadamente.

“El caso de Carmen, es un claro ejemplo de discriminación y que se ha repetido en otros casos que hemos conocido a través de los medios: un cuidador que está de baja y que al no tener las competencias de contratación, se tarda más en cubrirlo que esperar el alta del cuidador/a”, añadió la dirigente de la formación local.

Por otro lado, el martes 22 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el convenio entra la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ministerio de Educación con un presupuesto de casi 550 mil euros para la contratación de 25 técnicos/as de atención a personas en situación de dependencia hasta la finalización del curso, con veinte horas semanales.

Desde Somos Melilla afirman que en este caso es la Ciudad Autónoma la que asume las responsabilidades que el Gobierno Central debería liderar con más dotación y efectivos, pero se preguntan: "¿Por qué no se contrata el personal necesario al inicio del curso escolar y se tarda tres meses en publicar un convenio? ¿Por qué veinte horas de contratación si son veinticinco las horas lectivas? ¿Por qué si es una necesidad estructural, se recurre a planes de empleo para cubrir estos puestos con carácter temporal? ¿Por qué los Planes de Empleo donde se contratan cuidadores no comienzan en septiembre si todos los años tenemos la misma necesidad? ¿Por qué Carmen que en este caso es nuestra inspiración para conocer de primera mano, la falta de previsión y la falta de medios que favorezcan una verdadera inclusión, lleva más de 30 días sin salir con sus compañeros/as al recreo?"

Por este motivo, desde la formación local exigen a los poderes públicos que hagan de Melilla una ciudad referente en gestión de la diversidad funcional, especialmente para los niños y niñas. "Es incompresible que todos los años comiencen los cursos escolares con retrasos en la contratación de transporte especial para el CEE Reina Sofía; que haya demora considerable en la contratación de cuidadores y otros profesionales para atención a niños con necesidades educativas especiales; que el comedor del CEE Reina Sofía comience un mes o dos de retraso, etc.”, afirmó Jadu Dris.

Por ello, Somos Melilla pide que se gestione con coherencia la dotación de personal no educativo en los centros escolares, comenzando y acabando con el curso escolar; que los convenios que se tengan que firmar con el Gobierno de España, "que como de costumbre y con todos los gobiernos de derecha y de izquierda nos tienen abandonados", se tenga en cuenta las horas lectivas y la idiosincrasia de la ciudad, para que padres como los de Carmen "no tengan que denunciar en los juzgados que su hija de ocho años no pueda salir al recreo como hacen todos los niños de la escuela".