Problema político, que no técnico, con Marruecos

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, reconoció hace unos días ante una delegación de agentes de aduanas con la que se reunió que el problema de la reapertura de la aduana comercial es político y no técnico, como se venía afirmando hasta ahora por parte de los gobernantes socialistas. Según había asegurado, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras su último viaje al vecino país, el flujo comercial no se podía restablecer porque había cuestiones técnicas que debían ser resueltas antes. Un argumento bastante pobre, como se encargó de rebatirle nuestro colaborador José Luis Martínez Lázaro, quien dejó claro que la regulación del tránsito de mercancías entre dos países ya existía y lo único que había que hacer era aplicarla.

Al final ha sido Sabrina Moh quien ha puesto sobre la mesa el verdadero problema. Como se venía sospechando desde el minuto uno en que estaba claro que no se cumpliría el acuerdo de reapertura, la cuestión es política. Marruecos quiere asfixiar económicamente a las dos ciudades autónomas en el norte de África y una de las fórmulas es impedir que siguiera funcionando el sector del comercio, uno de los más importantes y florenciente en Melilla. De hecho, la imposibilidad de sacar cualquier producto hacia territorio marroquí es imposible porque ni siquiera permite la existencia de un régimen de viajeros que funciona entre distintos países en la práctica totalidad del planeta.

Si los marroquíes no aceptan el régimen de viajeros, ¿cómo iban a permitir la reapertura de la aduana comercial? Era de cajón, pero al parecer los miembros del Gobierno nacional no juzga bien la inteligencia de los españoles y trató de ocultar bajo una especie de estudios técnicos su propia incapacidad política de obligar a Marruecos a cumplir sus compromisos. Mohamed VI le tiene pillada la medida a Pedro Sánchez y hará lo que le venga en gana cuándo y cómo quiera en relación con ceutíes y melillenses frente a la actitud pasiva y permisiva de nuestro presidente.

Hoy, el grupo popular en el Congreso de los Diputados pone sobre la mesa nuevamente el tema de las aduanas comerciales e incluso establece un plazo de 90 días máximo para el cumplimiento del compromiso adquirido por Marruecos primero en abril de 2022 cuando Sánchez se entrevistó con Mohamed VI en Rabat y después en la Reunión de Alto Nivel de febrero de 2023. Los melillenses están a la expectativa de ver cuál es la posición que adoptan los distintos grupos políticos en la Cámara Baja porque también se habla en la proposición no de ley del Sáhara Occidental y de la decisión de Pedro Sánchez de concederle a Marruecos su soberanía, algo que no gustó a sus socios de Gobierno como tampoco a la oposición.

Vamos a asistir a un debate interesante del que se podrán extraer muchas conclusiones, tanto a nivel externo en cuanto a cómo van a proseguir las relaciones con el vecino del sur, como interno, ya que los grupos que apoyan al Gobierno de Sánchez tendrán que decidir cómo abordan esa parte de la diplomacia española que hace unos años tanto criticaron y a la que dieron su voto en contra en el propio Congreso de los Diputados.

El caso es que no se vislumbran grandes cambios para el futuro de Melilla con esa proposición no de ley porque lo más prudente en este momento es el escepticismo ante la posibilidad de que el Gobierno del PSOE se vea en la tesitura de tener que decirle oficialmente a Marruecos que tiene 90 días para abrir la aduana comercial.