El contrato del servicio de vigilancia de seguridad privada en dependencias municipales de la Ciudad se ha convertido en una novela por entregas. Cuando parecía que se iba a resolver y a adjudicar a una de las empresas que presentaron su ofertas a la licitación, se paraliza de nuevo este proceso. La mesa de contratación acordó parar los pasos sobre este contrato el pasado día 9 y se recogió en un acta de este órgano ese mismo día, aunque se publicó el 16 de este mes en la Plataforma de Contratación del Estado.
A esta licitación le ha pasado casi de todo. Tenía un fallo y hubo que anular todo el proceso y volverlo a sacar en menos de un mes y desde agosto de 2020 lleva pendiente de resolución sumando escollos. Las empresas que han licitado han recurrido en varias ocasiones al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Y esta paralización del proceso es una consecuencia de todo lo anterior. Una de las empresas que licitó y que iba a ser la adjudicataria del servicio fue eliminada del proceso por la Consejería de Hacienda al detectar que presuntamente habría falsificado un documento. De hecho, este asunto se abordó en un pleno hace unas semanas.
Contra Hacienda
Esa misma empresa notificó que ha presentado un nuevo recurso ante el TACRC contra la decisión de Hacienda y pide que se suspenda el presente procedimiento de adjudicación como medida cautelar. Ese recurso ante el TACRC se presentó el día 3 y a la Ciudad se notificó el día.
La mesa de contratación, como en otros casos y expedientes, acuerda por unanimidad de sus miembros dejar el expediente sobre la mesa hasta que el tribunal se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas en dicho recurso. Además, el objetivo de la mesa sobre este contrato era abrir la documentación que había presentado el siguiente licitador que contaba con la segunda mejor puntuación. Pero no se llega a realizar. De hecho, la otra empresa solicitó estos documentos y no se les va a facilitar porque finalmente no se llega a abrir esa información.
Y es que este contrato no es uno cualquiera, sino uno de los que más inversión requiere de la Ciudad, ya que cuenta con un presupuesto de licitación de 9,98 millones de euros por dos años.
Expulsión en el pleno
Por otro lado, el lunes 2 de agosto el pleno tramitó que la empresa G&F&S, que la ha presentado un nuevo recurso al TACRC contra Hacienda, no pueda contratar con la Administración local tras presuntamente presentar un documento falso.
Este tema ya se había tratado por la consejera de Hacienda en otras comparecencias. Esa empresa se presentó para concursar en la licitación del servicio de vigilancia de las dependencias de la Ciudad. Sin embargo, tras un aviso de otras de las licitadoras, la consejería preguntó al Ministerio de Hacienda si el documento era correcto o no y ahí se detectó la presunta falsificación.
Será este mismo ministerio el que decida si prohíbe o no licitar a esta empresa a nivel nacional según vea de grave este tema. Aunque Melilla inscribirá a este negocio en un listado de las empresas que no pueden licitar en nuestra ciudad.
Este tema contó con la aprobación de todos los diputados y la consejera de Hacienda agradeció el apoyo de toda la Asamblea.
Y al margen de esta cuestión, la segunda empresa que licita para este contrato cuenta con varias denuncias de los sindicatos y de los propios trabajadores. De hecho, se trata de la actual empresa que lleva este servicio.
Hace unas semanas los sindicatos indicaban a El Faro que los trabajadores están en vilo esperando cuál es la resolución de la Ciudad. UGT dijo que solo espera que la empresa que se quede con el contrato no solo cumpla con el pliego que firma, sino también con el convenio de este sector.
Desde CCOO se informó también de que se presentó un escrito en la Administración local porque cree que la empresa ha incumplido la Ley de Contratación Pública al no aplicar el convenio con los vigilantes de seguridad y eso le dejaría fuera de optar a este nuevo contrato, que, de momento, sigue paralizado.
