H.ace unos días me invitaron a participar en el Campus Universitario de Melilla en un seminario sobre ejercicio práctico de Derechos Fundamentales. La oportunidad me la brindó el abogado Antonio Zapata, como director del seminario y profesor de Derecho Público y Derecho Constitucional de los alumnos que cursan en Melilla las carretas de Relaciones Laborales y Gestión y Administración Pública.
Es siempre un honor poder cooperar con la Universidad, hacerlo gustosa y altruistamente para compartir experiencias con jóvenes estudiantes que en un futuro se convertirán en nuevos profesionales de nuestra ciudad.
Constituye también un reto para quienes nos dedicamos a la práctica del Periodismo que no a la exposición teórica del marco legal que regula y delimita nuestro trabajo.
La intervención en cuestión giró sobre el Derecho a la Información, regulado en el art. 20 de nuestra Carta Magna. Como sostienen grandes expertos en la materia, se trata de un derecho bidireccional, del que cualquier ciudadano puede ser sujeto y no sólo los periodistas. Un derecho, además, que supone una matización del más amplio derecho a la libertad de expresión, piedra de toque de todo régimen político y parámetro en cuanto a su regulación de la auténtica existencia de un régimen verdaderamente democrático.
No voy a reiterar aquí el trabajo que me preparé, salpicado de ejemplos prácticos a partir de mi experiencia profesional, porque no viene al caso. Lo cuento porque el derecho a la información, tal cual se recoge en nuestra Carta Magna, se refiere expresamente al derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión, sin mayor restricción que el de tratarse de información de interés público, ni más límite que el derivado de otros como el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, con los que a veces choca y sobre los que puede acabar imperando.
Viene al caso lo que digo porque hoy publicamos una noticia no exenta de previsible polémica, que me temo algunos querrán manipular como un ejemplo de la supuesta campaña de ‘acoso y derribo’ de la que CpM se siente víctima y culpa no sólo al Partido Popular sino a los medios de comunicación que tacha de “afines, comprados o subvencionados” por el Gobierno Imbroda, y contra los que un día sí y otro también lanza improperios, insultos y anuncios de denuncias y querellas.
La información en cuestión versa sobre el auto judicial emitido por el titular del Juzgado nº3 de Melilla para que Aberchán sea conducido por la fuerza pública, es decir la Policía Judicial, a fin de que preste declaración como imputado en una causa abierta a instancias de la querella que en marzo pasado le presentó Juan José Imbroda, en su condición de presidente de la Ciudad y por las acusaciones de corrupto que el cepemista le dedicó a raíz de la antigua venta de los terrenos del Cuartel de Valenzuela.
Una venta, valga decirlo, que supuso un pelotazo como dice Aberchán para quienes sirvieron de intermediarios, que permitió hacer negocio a particulares con unas parcelas cedidas por el Ministerio de Defensa a la Administración local para construcción de viviendas, equipamientos y también uso industrial si terciaba, pero que el cepemista quiso imputar a un negocio que, según dijo, benefició a familiares o personas afines a Juan José Imbroda.
El asunto de Valenzuela es tan viejo como engorroso e implica a distintos Gobiernos de la Ciudad; Desde el que presidiera Ignacio Velázquez hasta el posterior de Mustafa Aberchán, sin dejar de incluir otros en los que la antigua UPM también tuvo participación.
En marzo del año pasado, con ocasión de la aprobación de una ley nacional, a instancias del PSOE, que prácticamente autorizaba de forma automática la instalación de grandes superficies, el grupo de CPM, y sorprendentemente también sus aliados del PSOE, quisieron responsabilizar al Gobierno local de la posibilidad de que una gran superficie pudiera abrir sus puertas en Melilla, obviando los extremos de la nueva ley nacional y resucitando el engorroso asunto de la venta del solar del antiguo cuartel de Valenzuela. Aberchán, como es su estilo, pasó de la especulación a la afirmación y llegó más lejos de lo que nunca podría probar. De ahí que Imbroda le presentase una querella por injurias y calumnias que actualmente se está tramitando en el Juzgado nº3 y que ha ocasionado que el cepemista pueda terminar siendo detenido, al efecto de asegurar su declaración ante el juez competente en la causa, por incomparecencia sin justificar en citaciones anteriores.
No cabe lugar a duda de que estamos ante un asunto de interés público porque, con independencia de que Aberchán no sea el único, ni el primero ni el último que desatiende una citación judicial, como cargo público está obligado a colaborar especialmente con los distintos poderes de un Estado de Derecho.
Por tanto, publicamos la noticia por el interés general que suscita sin temor a que se nos tache de nuevo de andar orquestando una campaña de acoso y derribo contra Mustafa Aberchán y CpM. Se puede matar al mensajero siempre pero una vez más no habrá sido ‘El Faro’ ni la que suscribe quienes hayan propiciado los hechos que dan cuerpo a la noticia.
Quizás piensen que toda esta explicación es ociosa. No obstante, teniendo en cuenta la amenaza constante contra este y otros medios de comunicación por parte de Coalición por Melilla, no me parece gratuito ni innecesario dejar constancia de cuanto aquí digo. Por lo demás, son ustedes, los lectores, los que una vez más podrán sacar sus propias conclusiones.
