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Inmaculada Casaña declaró ayer en calidad de testigo, ya que la fiscal retiró la acusación contra ella
Ayer continuó la declaración de los testigos del ‘caso Abogados’, que arrancó el pasado viernes. En esta causa se juzga la supuesta contratación irregular de letrados por parte de la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente de la misma María Antonia Garbín. Aparte de Garbín, actual portavoz del PP en la Asamblea, hay otros 12 inculpados. Ocho de ellos son funcionarios de la Ciudad, y los cuatro restantes, los letrados que supuestamente fueron empleados sin que se respetaran los procedimientos administrativos. Los primeros en prestar testimonio fueron dos agentes de la Guardia Civil que han estado al frente de la investigación del caso. La última en ser interrogada fue Inmaculada Casaña. Figuraba en la lista de los acusados, pero la fiscal retiró la acusación al estimar que el delito ha prescrito tras haber transcurrido diez años de la conducta supuestamente irregular. Aseguró que desconoce cómo fueron contratados los cuatro letrados en la Consejería de Bienestar Social.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados (ALA), quiso saber cuánto tiempo estuvo al frente de la Dirección General de Bienestar Social. “Del 2000 al 2004” respondió. Explicó que cuando ella ocupó el cargo los abogados ya se encontraban trabajando.
Ante la pregunta de si contaban con currículos de abogados en la consejería, dijo que hace muchos años que trabajó allí, por lo que no recordaba este detalle. Sí apuntó que los interesados en optar a un puesto “seguramente llevarían su currículo”.
Según Casaña, en aquella época era la única directora general de Bienestar Social y trabajaba en unas dependencias diferentes a los abogados. Por tanto, no supo responder si lo letrados disfrutaban de vacaciones. “No lo recuerdo”, sostuvo. Además, informó de que mantenía una relación “profesional” con sus compañeros. “De vez en cuando nos tomamos algo juntos”, detalló.
La funcionaria explicó que las peticiones de personal se comunicaban a la Consejería de Administraciones Públicas. Casaña dijo que necesitaban abogados de forma permanente. En este sentido, señaló que se solicitaba contar con asesores jurídicos y que si no se proporcionaban, se cubría esa necesidad de otra manera.
La sesión duró aproximadamente dos horas. Uno de los momentos más tensos tuvo lugar cuando el juez llamó la atención a uno de los acusados: “No sé qué le parece tan gracioso. Si quiere reírse se va fuera”, le espetó. El juicio se reanudará el jueves a las 9:00 horas de la mañana. Declararán otros tres testigos.
