Durante la semana que acaba de concluir se han producido, nuevamente, situaciones peculiares en el ámbito de la actividad parlamentaria.
En primer lugar, tras un período largo de debates y múltiples comparecencias de expertos en diferentes materias, en el marco de una ponencia que ha analizado las consecuencias para España de la salida del Reino Unido de Europa, se ha elaborado el informe parlamentario final sobre las consecuencias de dicha salida, el proceso conocido como BREXIT.
Pues bien, en el debate y votación final se ha producido la curiosa expresión de un aparente malestar por parte de los partidos nacionalistas representados en las Cortes Generales por el deseo de la mayoría de votar separadamente las conclusiones del informe al objeto de eliminar alguna de las mismas. En concreto, la que hacía referencia a las últimas votaciones realizadas en Escocia para materializar su independencia del Reino Unido, que resultaron desfavorables para los independentistas. Los partidos nacionalistas pretendían que mediante la votación conjunta de todas las conclusiones, permaneciera en el informe una cláusula según la cual en el caso de una nueva votación en Escocia con resultado favorable a los postulados independentistas, se debería favorecer el proceso de una eventual incorporación de esa hipotética Escocia independiente a la Unión Europea. En resumidas cuentas, los partidos nacionalistas con representación en el parlamento, persisten en su pertinaz obsesión sobre el derecho de autodeterminación.
Los nacionalistas no cesan de manifestar una y otra vez su carácter profundamente europeísta. Curiosamente, al propio tiempo, cuestionan su pertenencia a la nación española, precisamente la razón por la cual pertenecen a las instituciones europeas. Al parecer, ellos pretenden pertenecer fervorosamente a la Unión Europea como el mejor camino para soslayar su condición de españoles.
En todo caso, el BREXIT es un hecho y todos los países de la Unión Europea, incluida España, han adoptado sus decisiones para acomodarse a este hecho en condiciones razonablemente adaptadas a la nueva situación creada.
Otro asunto que se ha sustanciado de manera sorprendente ha sido el del debate y votación de las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se habían presentado un total de 5.288, de las que muchas de ellas fueron vetadas por el Gobierno argumentando defectos de forma o inviabilidad por representar un incremento del gasto no compensable con las hipotéticas expectativas de ingresos. Pues bien, una de ellas no fue vetada, con el sorprendente resultado de su aprobación, al ser votada favorablemente por todos los grupos menos los que forman parte del Gobierno (PSOE y UP) y el PNV. La enmienda en cuestión, como digo aprobada, permite traspasar a las Comunidades Autónomas 9.362 millones de euros, para lo que el Gobierno ahora dice que no existe disponibilidad presupuestaria y en consecuencia pretende revocar la votación realizada. Sorprende que con el elevado número de asesores y personal técnico que gestiona estos asuntos por parte del Gobierno, se den estos casos tan peregrinos que dan la impresión de estar en manos de un Gobierno no suficientemente centrado en las cosas relevantes por estar ocupado de otras materias.
Un asunto importante, que ha pasado desapercibido a la opinión pública, ha sido la exitosa celebración en Barcelona durante este fin de semana de un seminario del Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Medio de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. En el curso de dicho seminario, prolegómeno de la reunión plenaria de dicha Asamblea Parlamentaria que se celebrará en Madrid, por estas fechas, el próximo año, después de la Cumbre de la OTAN que tendrá lugar, también en Madrid, el próximo mes de junio, se han debatido y analizado importantes materias relativas al nuevo Concepto Estratégico de la OTAN y a la necesidad de que dicho concepto tenga en consideración las necesidades específicas de los países del sur de Europa, que, hasta la fecha, no han tenido la suficiente visibilidad en las preocupaciones de los países aliados, más orientados, históricamente, hacia las amenazas procedentes del Este de Europa. Aprovechando las cumbres y reuniones plenarias del próximo año, deberemos tratar de poner el foco de la Alianza en las amenazas a la seguridad que se perciben en nuestra parte del mundo.
Y mientras todo esto sucede y el debate de lo público nos permite mirar hacia el futuro con todas las reservas que cada uno quiera, los partidos del Gobierno nos sorprenden con una enmienda a su proyecto de Ley de Memoria Democrática, es decir, una autoenmienda, a través de la cual, en principio, parecieran pretenden invalidar los efectos de la ley de amnistía de 1977 para parte de los acogidos a sus beneficios y potencialmente reabrir un proceso de exigencia de responsabilidades a los que formaron parte de uno de los bandos en nuestra triste guerra civil. Precisamente a los del bando que resultó vencedor en aquella penosa contienda, cuyos recuerdos, todos juntos, nos propusimos superar en 1977.
Y digo potencialmente, porque ante determinadas insinuaciones de inconstitucionalidad de dicho proceso revisionista, la parte socialista de nuestro Gobierno ha comenzado a matizar el pretendido alcance de esa enmienda, para disgusto y expresiones en contra de la parte comunista del mismo Gobierno.
Y es que una vez más, a pesar de las innumerables incógnitas que presentan nuestro presente y nuestro futuro, una parte de nuestra clase política, la que forma parte del Gobierno y de algunos de los partidos que desde fuera lo sustentan, parece incapaz de escapar de las tentaciones del revisionismo histórico y so pretexto de superar, de una vez por todas, en frase de Baltasar Garzón, el franquismo, no parece capaz de vivir sin él. Y es que mientras, a pesar de todos los pesares, el mundo avanza, nuestro Gobierno permanece atrapado en Cuelgamuros.
