El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, el exdirector del área de la presidencia, Jaume Masferrer, y el actual director general del club, Óscar Grau, fueron detenidos ayer por los Mossos d'Esquadra, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.
La policía catalana entró ayer por la mañana a registrar las oficinas de la entidad azulgrana situadas en el Camp Nou buscando información del caso BarçaGate.
En las diligencias previas, los Mossos d'Esquadra encontraron indicios de posible administración desleal y/o corrupción entre particulares.
Esta investigación judicial, que parte de una denuncia del grupo de opinión azulgrana "Dignitat Blaugrana", se encuentra aún bajo secreto de sumario, que ha sido alargado seis veces por el Juzgado de Instrucción número 13 de la Audiencia de Barcelona. La última prórroga finaliza el 10 de marzo.
El BarçaGate es el caso en el que una empresa contratada por el FC Barcelona presuntamente habría llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu.
Claves del caso
El 17 de febrero de 2020 por la mañana el programa 'Què T'hi Jugues' de SER Catalunya explicó que desde finales de 2017 el Barça tenía contratada a I3 Ventures, una sociedad del empresario argentino Carlos Ibáñez que se dedicaba supuestamente a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué.
Según la información, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva.
Horas después el Barça emitió un comunicado negando su relación con los hechos, aunque admitió que la empresa I3 Ventures era proveedora del club y explicó que si se demostraba que esta tenía alguna vinculación con las cuentas de Facebook rescindiría el contrato con la misma. A causa de ello, al día siguiente el Barça anunció la rescisión del contrato con la empresa propiedad de Carlos Ibáñez.
La información causó un terremoto dentro de la junta directiva de Bartomeu, quien el 19 de febrero se reunió con la Comisión Delegada para debatir el asunto. Pero fue dos días después cuando la tensión se hizo latente en la reunión extraordinaria de la junta directiva de carácter no oficial. Un grupo de directivos pidió explicaciones al presidente por lo ocurrido y reclamó el adelanto de los comicios, previstos para 2021, y responsabilidades a Jaume Masferrer, el director del área de presidencia.
Bartomeu no accedió a la primera de las reclamaciones, pero sí a la segunda, suspendiendo de empleo pero no de sueldo a Masferrer hasta la conclusión de la auditoría externa para investigar el caso, otra de las demandas del grupo de directivos molestos que fue aceptada, y se encargó a PriceWaterHouseCoopers (PwC).
'El País' publicó el 27 de febrero que docenas de cuentas falsas de Twitter de una base de datos de Nicestream (la empresa madre de I3 Ventures, también propiedad de Carlos Ibáñez) llevaban a cabo las mismas prácticas de difamación y desprestigio de individuos (incluidos periodistas) y entidades del entorno azulgrana que las seis cuentas de Facebook.
El 8 de abril Bartomeu pidió la dimisión de cuatro directivos que habían sido críticos con él durante las semanas anteriores: Emili Rousaud, vicepresidente institucional, presidente del Comité de Adjudicaciones y quien hasta el estallido del caso se daba por hecho que sería el candidato continuista en las próximas elecciones; Enrique Tombas, vicepresidente, tesorero e integrante del Comité de Compliance y de la Comisión Económica; Josep Pont, responsable del área comercial y miembro de la Comisión Económica; y Silvio Elías, directivo encargado del Barça B y otro integrante de la Comisión Económica.
Un día después, los cuatro presentaron su dimisión y a ellos se añadieron Maria Teixidor, secretaria y presidenta de la Comisión de Control y Transparencia, y Jordi Calsamiglia, responsable del área disciplinaria e integrante del Comité de Compliance. Los seis entregaron a un notario documentación que a día de hoy aún no se ha hecho pública.
El 9 de junio, el Barça suspendió de empleo y sueldo a Noelia Romero, la 'compliance officer' del club, quien hizo una auditoría interna del caso
El 17 de junio la juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Adriana Gil, admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignitat Blaugrana por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu en el 'Barçagate'.
El 5 de julio los Mossos d'Esquadra, a requerimiento de la jueza, se personaran en el Camp Nou para recabar información sobre el caso.
El 6 de julio el club presentó las conclusiones de la auditoría externa realizada por PriceWaterHouseCoopers (PwC) a raíz del 'Barçagate'. Pese a que la auditoría revela que Jaume Masferrer participó activamente en el contenido en redes sociales, que se pagó un sobreprecio y que las facturas se dividieron para esquivar controles internos, el club siguió negando que se contrataran dichos servicios de difamación y que lo único criticable es que se cometieron varios errores administrativos al evitar los controles.
