Hace poco más de un mes, el 21 de marzo, fallecía en el Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, la niña maliense, de dos años de edad y de nombre Nabody, que había llegado sin pulso la semana anterior al puerto de Arguineguín tras ser rescatada en una patera y que había sido reanimada por los servicios sanitarios en el mismo muelle, siendo trasladada al hospital donde murió una semana más tarde. Se trataba de la víctima mortal número 19 (conocida) en esa ruta marítima en lo que llevábamos de 2021.
El pasado miércoles se vivió, en la misma zona atlántica, a unos 500 kms. al sureste de la Isla del Hierro, un nuevo episodio trágico de pérdida de vidas humanas. Concretamente, 24 personas que fueron encontradas a bordo de una embarcación a la deriva en la que había, igualmente, tres supervivientes que mostraban importantes síntomas de deshidratación.
Según la Organización Caminando Fronteras, que monitoriza los flujos de migración, en 2020, fallecieron 1851 personas en esta ruta.
Entre ambos sucesos, se ha debatido en el Congreso de los Diputados y en diversas Comisiones (Migraciones, Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional) el comportamiento a adoptar por parte de las autoridades españolas frente a este fenómeno de la inmigración irregular masiva hacia nuestro país, o, por mejor decir, hacia nuestro continente a través de nuestro país.
El debate, como en tantos otros casos, se ha visto enturbiado por un ambiente de descalificación previa entre diferentes intervinientes, que no contribuye a analizar los asuntos con el rigor que los mismos merecen.
No obstante, una cosa ha parecido quedar clara; nos encontramos ante una tragedia humana de proporciones inconmensurables que lleva ya demasiado tiempo produciéndose en las proximidades de nuestras fronteras ante la que nuestra sociedad no puede permanecer (y no permanece) insensible.
Se suele decir que nadie afronta una aventura de esta naturaleza, poniendo en peligro evidente su vida y la de sus hijos, si no es porque busca una mejora en sus condiciones de vida. Yo creo que, en realidad, nadie afronta un reto de estas características si no es porque lo que deja atrás no le ofrece ninguna posibilidad de llevar una vida digna y en muchas ocasiones ninguna posibilidad, ni siquiera, de sobrevivir.
Es poco probable que, en el mundo global en el que vivimos, la adopción de medidas de carácter aislado asumidas por una organización, una región o una nación pueda ofrecer respuestas que resulten, desde un punto de vista realista, eficaces.
Es por ello que el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, presentado por la Presidenta de la Comisión Europea, el pasado 23 de septiembre al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, merece ser tenido en consideración y recibir un impulso firme por parte de todos los países miembros de la Unión Europea, especialmente por aquellos que, por su ubicación geográfica, reciben en una primera instancia, el impacto de este fenómeno humanitario de resultados tan desoladores.
El Pacto plantea una gestión sólida y justa de las fronteras exteriores, incluidos los controles de identidad, salud y seguridad, unas normas de asilo justas y eficientes, racionalizando los procedimientos de asilo y retorno, un nuevo mecanismo de solidaridad para situaciones de búsqueda y salvamento, presión y crisis, una mayor previsión, preparación y respuesta ante las crisis, una política de retorno eficaz y un enfoque coordinado de la UE en materia de retorno, una gobernanza local a escala de la UE para una mejor gestión y aplicación de las políticas de asilo y migración, unas asociaciones mutuamente beneficiosas con terceros países clave de origen y tránsito, el desarrollo de vías legales sostenibles para quienes necesitan protección y para atraer talento a la UE y apoyo a unas políticas de integración eficaces.
Todo ello en el entendimiento de que las políticas nacionales deben ser coherentes con el enfoque europeo global. El Gobierno español debería esforzarse en impulsar decididamente, en el ámbito de la Unión Europea, los trámites legislativos derivados de este Nuevo Pacto por la Migración y el Asilo de la Comisión Europea y apuntalar su política de migraciones, en el marco nacional, en el fortalecimiento de las actuaciones en el control de fronteras, la repatriación ordenada y coordinada con la UE, dentro del respeto al marco normativo de la misma, de los inmigrantes irregulares y la intensificación de la cooperación internacional al desarrollo con los países de origen y tránsito de dicha inmigración por parte de España.
El resto de planteamientos, que se mueven desde la apertura total de las fronteras hasta la aplicación unilateral, por parte de España, de medidas restrictivas severas y repatriaciones forzosas, se consideran poco coherentes con la realidad que vivimos y con los planteamientos de la Unión Europea en materia de migración y asilo.
