En estos últimos días se ha venido especulando con la posibilidad de que Marruecos hubiera condicionado la reapertura de la aduana comercial con Melilla (y la creación de otra en Ceuta) a que España le cediera el control sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que actualmente está centrado en Canarias. Sin embargo, el presidente melillense, Juan José Imbroda, no está de acuerdo con esa hipótesis porque piensa, según dijo ayer en RNE, que el tributo español ya fue suficiente con el apoyo a la soberanía marroquí del citado territorio cuya nacionalidad está en disputa.
Imbroda está convencido de que todo es mucho más simple, que Marruecos se siente a gusto teniendo a las dos ciudades norteafricanas ahogadas económicamente y por eso no quiere dar ni un paso adelante para que vuelva a fluir el intercambio comercial o se establezca un régimen de viajeros que dé aire a las empresas y al comercio de nuestra ciudad. A la vista de las circunstancias, puede que tenga razón, que todo sea una cuestión económica con el fin de aburrir a los ciudadanos, desilusionarlos y que sean ellos por sí mismos los que abandonen Melilla.
Por eso es tan comprensible su queja frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha movido ni un dedo por ayudar a la ciudad a articular un modelo productivo alternativo al comercio de manera que su futuro, su supervivencia económica, no tenga en modo alguno que depender de la aduana con un país que mantiene una actitud abiertamente hostil con Melilla. Nadie se acuerda prácticamente ya de aquel Plan Estratégico que el Ejecutivo nacional vendió y que nunca se desarrolló porque, entre otras razones, planteaba inversiones por más de 200 millones de euros en 6 años que jamás fueron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Es evidente que la Ciudad Autónoma tiene que seguir trabajando intensamente para sacar adelante los proyectos que contienen los tres grandes ejes estratégicos para configurar ese nuevo modelo económico: la innovación tecnológica, el turismo y la universidad. Hay que poner toda la carne en el asador de esos tres pivotes para alcanzar el objetivo de una economía autónoma, que en modo alguno dependa de Marruecos. La tarea no es fácil y resultaría mucho más ágil si contara con el apoyo del Estado, por ahora ausente y, en ocasiones, más dado a poner trabas que a resolver problemas.
No obstante, tampoco hay que renunciar completamente al tema de la aduana comercial por una cuestión ya puramente política. Si el Gobierno de España aseguró que había un compromiso de Marruecos de reabrir el intercambio comercial, es exigible que se cumpla el acuerdo porque la parte española ya lo hizo cuando cedió la soberanía del Sáhara Occidental a los marroquíes, aún cuando aquello supuso un auténtico terremoto en el Congreso de los Diputados por tratarse de un giro histórico en las relaciones internacionales que nuestro país había mantenido desde hacía décadas, fruto de un consenso no escrito pero respetado por los dos grandes partidos de gobierno.
La aduana tiene que volver a ser lo que era hasta agosto de 2018 y va siendo hora de que se abandone el engañoso argumento de los "problemas técnicos" o "documentales" porque nadie se lo cree por mucho que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se empeñe en hacerlo creer así a los ciudadanos. Es el momento de que la hoja de ruta sea pública, sobre todo después de que haya reconocido públicamente que el acuerdo era la reapertura con fecha del 8 de enero de 2025 y Marruecos haya vuelto a falta a su palabra.
