El vicepresidente señala que no dejará a Gaselec “que tome el pelo a los melillenses” y recuerda que la Justicia indicó que la empresa “realizó cobros de manera indebida”.
El rifirrafe entre el Gobierno melillense y la empresa Gaselec continúa. El vicepresidente autonómico, Miguel Marín, salió ayer al paso de las últimas manifestaciones realizadas por el presidente de la empresa de suministro eléctrico, Gustavo Cabanillas, quien aseguró que daría a conocer todos los casos de corrupción que se produjeran en el Ejecutivo local. El número dos del Gobierno preguntó al presidente de Gaselec a qué se refería con sus palabras. “Aquí podemos decir que no nos hemos llevado ni un euro de dinero público ni de nadie. Cabanillas, no”, apuntilló. “Con declaraciones de ese tipo se denuncia a sí mismo”.
Marín recordó que la empresa energética llevó a cabo el cobro indebido de “miles de facturas” y que así lo indicó la semana pasada el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 3 de la ciudad.
El vicepresidente autonómico señaló, tal y como manifestó a El Faro el martes, que la Ciudad Autónoma está a disposición de todos los melillenses para asesorarles de cara a las reclamaciones que deseen presentar a Gaselec, que en el año 2009 acumuló siete millones de euros en facturas sin pagar a los abonados, según datos de EFE, y cuyo cobro exigió tiempo después a sus clientes.
En cuanto a las declaraciones de Cabanillas referentes a que la sentencia no era aplicable a todos los afectados, Marín le acusó de “intentar privar de su derecho a los ciudadanos”.
Asimismo, reiteró que el Ejecutivo local está dispuesto a “defender” a los melillenses. “Lo que dijo Cabanillas no se corresponde con la realidad. Una sentencia no puede afectar sólo a los denunciantes”, afirmó. Hay que recordar que fue un grupo de afectados el que decidió acudir a la Justicia.
Asimismo, subrayó que la Ciudad Autónoma está examinando “factura a factura” todos los recibos del periodo afectado, que engloba meses de 2009 y 2010, para reclamar a la empresa la devolución del dinero correspondiente.
También subrayó que “todo esto no lo dice el Gobierno de la Ciudad, sino la Justicia” y consideró que lo mejor que podría hacer Gaselec es devolver el dinero cobrado de manera indebida. “Por nuestra parte, siempre prestaremos servicio a los melillenses cuando se produzca alguna irregularidad y podamos asesorarles. Tanto la Justicia como la Comisión Nacional de Energía dieron la razón a los afectados. No cobrarán lo que se les debe sólo los que denunciaron, eso no tiene sentido”, aseveró el número dos del Gobierno local.
A vueltas con la sentencia
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo se hizo pública el pasado viernes, en un momento en el que las relaciones entre empresa y Ejecutivo eran más tensas que nunca. Hay que recordar que uno días antes, Gaselec cortó el suministro eléctrico en diversas dependencias municipales por supuesto impago de facturas atrasadas, algo que provocó el enfado del Ejecutivo y el inicio de un cruce de declaraciones entre Cabanillas y responsables gubernamentales que parece lejos de finalizar.
En la jornada de ayer Marín insistió en que el Ejecutivo no permitirá que Gaselec “le tome el pelo a los melillenses” y recordó que la Ciudad también se encuentra entre las afectadas por cobro indebido de facturas, por lo que están examinando todas las facturas del periodo que engloba la sentencia por si fuera pertinente realizar alguna reclamación a la empresa de suministro eléctrico.
El vicepresidente autonómico explicó ayer, a grandes rasgos, el proceso para reclamar a Gaselec el cobro indebido de las facturas. Hay que recordar que la sentencia obliga a la empresa a reembolsar a los ciudadanos las facturas que cobró con atraso durante el verano del año 2011, pues es ilegal hacerlo cuando los recibos tienen más de un año de antigüedad. Hay que recordar que un error informático de la empresa provocó que a algunos melillenses no se les cobrara el recibo durante varios meses de 2009 y 2010, así como que Gaselec exigió el pago de lo atrasado en junio de 2011, lo que provocó la sorpresa de los afectados.
En primer lugar, hay que acudir a Industria, ente dependiente de la Ciudad Autónoma, con las facturas en cuestión para que se emita un informe en el que se certifique que las cantidades económicas exigidas en 2011 corresponden a recibos con más de un año de antigüedad. Una vez conseguida la aprobación de Industria, hay que acudir a Justicia.
Para importes inferiores a 2.000 euros los afectados deben realizar una reclamación por vía judicial, la cual no está sujeta a tasas. Según el vicepresidente, en esta situación se encuentran la mayor parte de los afectados.
En el supuesto de que la cantidad económica no supere los 900 euros, no es necesario abogado ni procurador. Además, apuntó que en los juzgados hay impresos para realizar este tipo de reclamaciones y que se deben rellenar adjuntando el certificado de Industria.
La reclamación también se puede presentar de manera directa en las instalaciones de Gaselec, según el vicepresidente.
