Según datos de la última Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, en nuestro país vivimos más de dos millones y medio de mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad, y sobre nosotras siguen vigente multitud de estereotipos e ideas preconcebidas que nos sitúan en un lugar de mayor exposición frente a la violencia, las lesiones, el abuso, el abandono, los malos tratos y la explotación.
Aunque la información que ofrecen las estadísticas oficiales en torno a la prevalencia de la violencia machista en nuestro sector sigue siendo muy escasa, sabemos que cada año una quinta parte de las mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tenían una discapacidad acreditada. Seguro que son muchas más las mujeres con discapacidad víctimas de violencia que no aparecen en ningún registro estadístico, por el mero hecho de no tener acreditada oficialmente esa discapacidad.
Una discapacidad que, en muchos casos, es consecuencia, precisamente, de los malos tratos sufridos. De hecho, la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, señala que el 17,5 % de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual, emocional o ha sentido miedo de sus parejas afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.
¿Y qué se está haciendo desde las políticas públicas para prevenir, detectar y abordar adecuadamente esta preocupante situación? ¿Por qué seguimos estando invisibilizadas en los registros oficiales? ¿Cómo es posible que los recursos que se ofrecen en nuestro país a las mujeres víctimas de violencia no sean accesibles? ¿A qué se está esperando para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres con discapacidad llegar a la justicia para denunciar estos casos?
Por todo ello, en este día de conmemoración la Fundacióin Cermi Mujeres sale a la calle para manifestarse contra todas estas injusticias y para seguir exigiendo:
Que se ponga en marcha una Macroencuesta específica sobre la violencia de la que somos objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Una operación estadística de esta naturaleza permitirá la puesta en marcha de una política pública adecuada que sitúe en el centro a todas las mujeres sin excepción y que en nuestro sector tome en consideración los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, el incesto, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.
Que se garantice la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, pues, además, se trata de un mandato establecido en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.
Que la aplicación de las prescripciones normativas y la implantación de los recursos de atención a las víctimas contenidas en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual se lleven a cabo tomando en consideración una perspectiva interseccional de género y discapacidad.
Que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo la ayuda legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, el acceso a la información y a la comunicación y a la asistencia humana y tecnologías de apoyo que elijan las mujeres con discapacidad en sus relaciones con el sistema de justicia.
Que se impulsen mecanismos de vigilancia con el fin de que las instituciones residenciales, de salud mental, centros de día, talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y otros sean supervisados efectivamente por autoridades independientes, a fin de impedir que se produzca casos de negligencia, malos tratos, abuso, acoso y violencia.
Que en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Génerose trabaje en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad y se profundice en la generación de conocimiento en torno a la prevalencia de la violencia machista por razón de discapacidad.
Que se desarrollen y actualicen protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia.
Que se ponga en marcha un estudio diagnóstico que permita conocer la situación en la que se encuentran mujeres con discapacidad sometidas a prostitución y trata y asegurar su adecuada consideración en la futura ley contra la trata.
Que la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo incluya en su articulado la prohibición de las esterilizaciones no consentidas, los abortos coercitivos y la anticoncepción forzada como formas de violencia de nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Que se concrete una Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas que aglutine todas y cada una de las demandas expresadas en este manifiesto.
Y como última exigencia, demandamos que los poderes públicos de nuestro país articulen medidas de acogimiento y protección para las mujeres y niñas con discapacidad que se ven obligadas a abandonar sus países como consecuencia de las guerras sin que importe su origen racial, étnico, su religión, ni ninguna otra consideración.
