Atendiendo a lo que dijo ayer Arturo Esteban, que no hizo más que repetir lo que ya manifestó cuando el revuelo por la subida de las tasas portuarias en marzo pasado, parece evidente que Trasmediterránea está recargando en un 100% las cuantías aprobadas por la Autoridad Portuaria en concepto de tasas por vehículo y pasajero. Según Esteban, la naviera sólo debería cobrar, por trayecto, 1,62 euros por cada pasajero, y 4,81 euros por cada turismo menor de 5 metros, de conformidad con lo establecido por Puertos del Estado y tras aplicarse una bonificación del 35% a los pasajeros y del 50% a los vehículos.
Sin embargo, según el último comunicado emitido el pasado martes por Trasmediterránea, el importe de las tasas portuarias ha pasado de 3,2 por persona y 9,00 por vehículo del año 2010, a 3,82 y 13,33 respectivamente, en ambos casos por trayecto.
Está claro que las cifras no cuadran, porque no es lo mismo pagar por trayecto, en el caso de un solo pasajero con vehículo, 6.43 euros, que abonar 17,15 por cada viaje e idénticos conceptos.
Es ahí, en las tasas portuarias donde radica la divergencia, hasta aumentar el cobro de las tasas portuarias al melillense que viaje con vehículo con un incremento tan notable y por trayecto de más de 10 euros.
O la compañía está cobrando de más o no se entera de qué tasas debe imputar o aquí, en todo caso, está pasando algo porque, como digo, las cifras no cuadran en absoluto.
Resulta evidente que se hace necesaria una aclaración urgente, dado que de la lectura atenta del último y aludido comunicado de Trasmediterránea, lo único claro es que la compañía aplica las tasas por pasaje y vehículo sin descontarles la bonificación de la que habla Arturo Esteban, en concordancia con los acuerdos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla.
No hay divergencias en cambio entre naviera y organismo portuario respecto de lo que viene costándonos desde el pasado 1 de junio el uso de la nueva Estación Marítima, una vez se ha privatizado. Autoridad Portuaria y Trasmediterránea coinciden en que por trayecto debe cobrársenos, en concepto de tarifas por el uso del servicio, 2,99? por pasajero y 8,98? por auto.
De todas formas, si repasamos el comunicado de la naviera, ya observamos que sus cuentas tampoco son muy exactas, puesto que donde dice que el año pasado veníamos a pagar por tasas 30,5 euros en un viaje ida y vuelta, en realidad si nos ponemos a sumar según las tasas que la misma Trasmediterránea maneja, no tendría que habérsenos cobrado más que 24,4 euros, es decir, 6,1 euros menos de los 30.5 que inexplicablemente subraya de resultas de la suma, multiplicada por dos, de los 3,2 euros por persona y 9 por vehículo.
De nuevo: o la compañía se equivoca al computar las tasas portuarias que debe repercutirnos o cuando menos se equivoca en sus sumandos.
El caso es que según Trasmediterránea, por tasas portuarias y tarifas de la nueva terminal los melillenses debemos pagar en viajes ida y vuelta un total de 71,86 euros, mientras que, según Esteban, por los mismos conceptos no se nos tendría que cobrar más que 36,92 euros.
Vuelvo al principio: o la Autoridad Portuaria ha marcado en realidad tarifas y tasas diferentes a las que públicamente dice que deben cobrarse a los melillenses, o Trasmediterránea nos está cobrando sencillamente el doble de esas mismas tasas.
Los números no engañan, lo que ocurre es que no cuadran si nos atenemos a lo dicho por unos y otros. Por tanto, como pedía ayer Arturo Esteban, la Dirección General de Marina Mercante está emplazada a aclararlo y, de paso, a aclarar también si es admisible que se imputen cobros añadidos por suplemento de combustible.
La conclusión del presidente de la Autoridad Portuaria es clara: Si la compañía estuviera imputando más tasas de las que debe cobrar o si nos está cargando en los billetes suplementos que no están permitidos, podríamos estar incluso ante un hecho delictivo especialmente grave. Y digo esto porque hablamos de un transporte, el marítimo, con garantía de servicio público o, lo que es lo mismo, subvencionado por el Estado en los últimos cinco años con más de 4 millones de euros por anualidad, que con el futuro contrato se elevarán a casi 6 millones de euros por año.
Entre tanto la Dirección General se pronuncia, la compañía ya debería aclararlo también por si misma mediante nuevo comunicado público.
En cuestión de cifras no caben interpretaciones y sería muy escandaloso que se pudiera estar produciendo una “apropiación indebida” de impuestos y recursos públicos, como ayer vino a barajar Arturo Esteban.
Por tanto, quedamos a la espera sin olvidar que la Delegación del Gobierno es la primera emplaza en desenredar este entuerto. Y no porque estemos en crisis y miremos el euro más que nunca. Simple y llanamente porque nadie tiene derecho a cobrarnos lo que no debe, o en su caso, a engañarnos con bonificaciones que a la postre no se aplican.
