El último intento de acuerdo para cerrar el conflicto laboral que mantienen los vigilantes del CETI y Serramar, la empresa adjudicataria de los servicios, acabo ayer en un nuevo desencuentro. Las partes habían sido convocadas ante la Inspección de Trabajo, que ejerce como mediadora, pero la distancia que separa las posiciones que defienden la plantilla y la empresa mantiene en pie la huelga convocada para el próximo martes. Los 52 vigilantes afectados por los impagos de las últimas nóminas habían protagonizado horas antes la tercera concentración frente a las puertas del centro de acogida.
Mayte Molina, responsable de Acción Sindical de UGT, aseguraba ayer que la empresa “se presentó ante el inspector jefe con buena intención”, pero que sus propuestas “no convencieron a la plantilla”, por lo que seguirán adelante con las movilizaciones y el paro de 24 horas que arrancará a las seis de la mañana del día 9. Ambas partes deberían ser llamadas de nuevo hoy para pactar el porcentaje de personal que deberá cumplir los servicios mínimos ese día en las instalaciones con el objeto de garantizar su normal funcionamiento. En caso de que tampoco haya acuerdo, será la Delegación del Gobierno el organismo encargado de imponerlos.
Los trabajadores de Serramar en el CETI exigen el pago de las nóminas atrasadas de abril, mayo y junio, cuyas cantidades rondarían en conjunto los 4.000 euros, aunque varían en cada caso en función de las horas extraordinarias realizadas. La empresa, por su parte, alega que sus clientes –Administraciones Públicas y empresas privadas– le adeudan facturas por valor de más de 600.000 euros, por lo que no pueden hacer frente al abono puntual de los salarios. Reconoce que debe las nóminas de los dos últimos meses, pero asegura que sí ha abonado la de abril y también desmiente que esté beneficiándose de las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, como denuncia la plantilla.
