“Esperamos que todo transcurra lo más pronto posible, sobre todo por el bien de las personas acusadas”
“La dilación de un procedimiento siempre preocupa porque en ningún caso puede ser positiva”. Así lo aseguró ayer en declaraciones a El Faro la fiscal responsable del caso ‘Voto por correo’, María Isabel Martín, tras conocer el nuevo aplazamiento del juicio. Como puso de manifiesto, la demora de las causas judiciales no interesa a ninguna de las partes implicadas. “Pero cuando surgen causas extraordinarias, como es el caso, no queda más remedio que suspender”, sostuvo la representante del Ministerio Público.
Martín, quien también ostenta el cargo de fiscal jefe en Melilla, expresó su deseo de que la causa se reanude lo antes posible con la designación de un magistrado sustituto. De lo contrario, habría que esperar a enero, cuando finaliza la baja médica de uno de los jueces del tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla.
Por el bien de los acusados
“Esperamos que todo transcurra lo más rápido que se pueda, principalmente por el bien de los acusados”, señaló la fiscal. Como recordó, ha pasado casi una década desde que se iniciaron las actuaciones para investigar la presunta compra de votos en las elecciones de 2008.
“La fase de instrucción se dilató mucho en el tiempo, sobre todo por la complejidad del caso y por la cantidad de recursos que se han presentado”, apuntó Martín.
Recalificación de Abdel-Lah
Según explicó Martín, ha tenido que recalificar las penas solicitadas para el encausado Nordin Abdel-lah, quien sorprendió en octubre pidiendo un cambio de letrado, lo que ocasionó la primera suspensión del juicio. Esta fue una decisión que asombró especialmente al Ministerio Fiscal, ya que el acusado había manifestado su intención de llegar a una conformidad por la que se le iba a reducir la pena solicitada.
Tras este giro de los acontecimientos, la fiscal ahora reclama para Abdel-Lah una pena de un año de prisión y multas que ascienden a 5.400 euros por ser el presunto autor de dos delitos electorales y otro de asociación ilícita.
Penas para los ideólogos
Según describe en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Faro, el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, y el ex secretario general del PSOE Dionisio Muñoz fueron los principales ‘cabecillas’ de un “entramado orientado a la captación ilegal del voto”. Ambos hicieron un llamamiento masivo al voto por correo “bajo la promesa de la obtención de un puesto de trabajo en los planes públicos de empleo”, según la acusación.
Los dos han sido llevados ante la justicia por delitos electorales continuados, falsedad, prevaricación y asociación ilícita. La Fiscalía les reclama las mismas penas: 21 años de prisión, 31 de inhabilitación especial para el empleo público y multas que superan la cantidad de 576.000 euros.
En el escrito también se explica que la participación del entonces delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, fue decisiva. “Era la persona que canalizaría todo el proceso para la contratación en los planes de empleo”, sostiene la fiscal.
A su parecer, Escobar actuó “en todo momento en connivencia con los dos principales acusados”. Por ello, le imputa delitos de prevaricación y asociación ilícita, por los que pide 20 años de inhabilitación para ejercer un cargo público, tres años de cárcel y una multa de 14.000 euros.
Alonso: “Nordin quería declarar cuanto antes”
El nuevo letrado de Nordin Abdel-Lah es Ignacio Alonso, quien fue designado de oficio el pasado 20 de octubre. Según manifestó el abogado a El Faro, ayer iba a tener lugar la declaración “casi en exclusiva” de su cliente. “Quería testificar cuanto antes”, aseguró Alonso. “Yo pretendía pedir un aplazamiento para estudiar bien el caso”, pero él me suplicó que no lo retrasara”, agregó. Según explicó, de este modo, su representado pretendía poner fin a “todas las presiones”.
