El escrito consta de más de 40 folios en los que argumenta que se han vulnerado derechos fundamentales del titular de Medio Ambiente.
Después del levantamiento parcial del secreto de siete tomos y uno adicional de la llamada ‘Operación Ópera’ el pasado mes de septiembre, que investiga supuestos fraudes en la contratación de la Administración local, la defensa del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, presentó ayer un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 solicitando la nulidad de todas las diligencias recogidas en esta parte de la investigación. El documento, al que ha tenido acceso El Faro, está sostenido en nueve puntos en los que la representación legal de Pérez Calabuig afirma que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente, imputado en el caso.
Por una parte, considera que la declaración del empresario melillense Abdelkader Kassem ante la Guardia Civil debe ser nula, pues fue llamado como testigo, cuando las preguntas estaban “claramente dirigidas” a que el empresario se autoincriminara.
La ‘confesión’ de Kassem
Kassem, como ya publicó El Faro, aseguró después ante la jueza Alcázar que la Guardia Civil le “insistió para que dijera a qué político había pagado” supuestamente para adjudicarse los contratos para su empresa Reformas y Construcciones El Porvenir S.L. Ello demuestra que el imputado declaró “bajo presiones policiales” que supone, según el letrado de Pérez Calabuig, que la declaración se obtuvo “violentando derechos fundamentales” lo que es “inadmisible y radicalmente nulo”.
Al considerar, por tanto, que la declaración del empresario Kassem es nula, todas las diligencias practicadas a raíz de ésta son también nulas “en base a la aplicación de la denominada teoría de los frutos del árbol envenenado”.
Las investigaciones realizadas al ex consejero Ramón Gavilán y al jefe de la Unidad de Protección del Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda, ambos imputados, son también nulas, sostiene el escrito, como así las pesquisas “prospectivas” realizadas al actual consejero de Medio Ambiente y a su director general, José Pastor.
El informe destaca “la inexistencia de una investigación previa mínimamente consistente en el sentido de que aportara unas sospechas fundadas contra las personas a las que la Guardia Civil implica en un primer momento en tan graves delitos”.
Derecho a la defensa
Por otra parte, la defensa de Pérez Calabuig considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente al desconocer las investigaciones que se estaban realizando de su cliente. “No existe razón alguna para haber declarado secretas las actuaciones en ningún momento”, afirma en el escrito y añade que la juez instructora sostuvo ese secreto sumarial en base a razones “ilógicas, arbitrarias y erróneas”.
En quinto lugar, sostiene que la investigación ampliada sobre Pérez Calabuig y José Pastor no tienen relación con los hechos investigados, es decir, la línea de investigación principal. Así, la Guardia Civil abrió una segunda línea de investigación sin justificación ni motivación judicial, pues según los investigadores las pesquisas sobre el consejero y el director general de Medio Ambiente se abrió por “posibles incompatibilidades detectadas” entre la función pública que desempeñan y otras actividades empresariales de carácter privado. En este sentido, recuerda que la ‘Ópera’ investiga un delito de blanqueo de capitales.
Registros
La defensa del consejero de Medio Ambiente también solicita la nulidad de las órdenes de entrada y registro que se efectuaron en el despacho de su cliente en el Palacio de la Asamblea en septiembre de 2013 y la que realizó la Guardia Civil meses después en el domicilio familiar de Pérez Calabuig.
“El auto dictado no reúne los requisitos de motivación cualificada ni aparece expresada de forma mínimamentte rigurosa y precisa una exposición de las razones que justifican las medidas. El auto carece de una fundamentación jurídica al sacrificio del derecho a la inviolabilidad del domicilio, que se extiende al despacho profesional, y al secreto de las comunicaciones personales”.
Si los registros son nulos, en consecuencia, las pruebas recogidas en los mismos también lo son, según la defensa de Pérez Calabuig. Se refiere así el letrado tanto a lo encontrado en el domicilio particular como en el despacho del consejero en el Palacio de la Asamblea, donde los investigadores, además, realizaron un volcado del correo electrónico de Pérez Calabuig vulnerando supuestamente el derecho al secreto de las comunicaciones personales y de la intimidad personal.
Detención
Por último, aunque no menos importante, se solicita la nulidad de la detención del consejero de Medio Ambiente el 18 de octubre de 2013, pues la orden de detención se basa en la recopilación de “pruebas suficientes” y ésta se produce “para su puesta a disposición judicial”. Ambos argumentos son “aberrantes” afirma la defensa del consejero, puesto que desde semanas antes éste había expresado a la juez Alcázar su determinación de declarar voluntariamente en sede judicial.
