El pleno de la Asamblea aprobó con los votos en contra del PSOE, la abstención de CpM y Somos Melilla y los votos a favor del PP y del diputado no adscrito el contrato de Transporte Público Colectivo Urbano de la Ciudad de Melilla.
El pliego de condiciones recoge una base de licitación de 12.884.615 euros que se financiarán en cuatro cuotas superiores a los tres millones de euros, ya que el contrato contempla dos años de duración con la posibilidad de una prórroga de dos años.
Aunque, finalmente, ,el contrato salió adelante no lo hizo sin antes recibir críticas por parte de todos los grupos de la oposición.
En este sentido, el portavoz de Coalición por Melilla, Rachid Bussian, afeó al Gobierno “redactar pliegos de los servicios más importantes de la ciudad sin contar ni con la oposición, ni con la ciudadanía”. Bussian señaló que este contrato “cuenta con un primer informe que pone pegas a la calificación jurídica del mismo"
Respecto al salario de los trabajadores, CpM critica que “la tabla salarial se rige por la de la empresa” y consideran que los baremos deberían ser estipulados por los propios técnicos del Ayuntamiento: “hablamos de un contrato superior a los tres millones de euros anuale, y de un pliego con unas condiciones que van a limitar el número de empresas que quieran presentarse a esta adjudicación.
Por su parte, el socialista Rafael Robles echó en cara al Gobierno de la Ciudad no redactar un pliego conforme “a la realidad actual. Teníamos que redactar un pliego donde los autobuses conectasen bien unas zonas de la ciudad con otras y que pusiese en marcha medidas medioambientales y de transición energética. Por otra parte, no tienen en cuenta a las personas con discapacidad, ya que no se ha llevado a cabo ningún trabajo previo en las instalaciones, ni siquiera se recoge el número de autobuses con los que contará la ciudad”.
Somos Melilla no se quedó atrás en sus críticas. Su portavoz, Amin Azmani aseveró que: ”este Gobierno ha renunciado a darle un vuelvo al transporte público, un transporte obsoleto, deficitario y costoso porque la COA ha sido incapaz de poner en marcha un sistema novedoso. Seguimos apostando por un agujero negro al que inyectamos dinero público”.
Respecto a la rentabilidad del servicio, Azmani manifestó que “las empresas buscan la rentabilidad cuando tiene que ser la Administración Pública la que se encargue de eso”.
El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, respondió, señalando que “creo que la comisión que hemos celebrado no sirvió para nada porque no han entendido nada”.
Ventura recuerda que “el pliego de condiciones sí prevé unas rutas del servicio de autobuses a las que tradicionalmente no se ha llegado”.
Respecto a la redacción del contrato incide es que la conclusión final de los técnicos es que todo es favorable e incide en que “debemos readaptarnos a las necesidades de los ciudadanos y los autobuses están equipados perfectamente para las personas con movilidad reducida, así que ¿por qué juegan con eso?”.
El responsable de Medio Ambiente quiso dejar muy claro que “la piedra angular de este contrato son los dos años más dos de prórroga para crear nuevas líneas”.
En total, la flota de autobuses dispondrá de 17 vehículos, 15 operativos, y dos, de reserva que “pasarán finalmente a la Ciudad Autónoma. Además, pondremos en marcha un sistema de seguimiento y control, y una aplicación para tener acceso a las frecuencias”.
En los puntos de contrato se estipula también, según el consejero, “la exigencia a la empresa de cumplir la normativa europea medioambiental. Son condiciones que cualquier empresa aceptaría. Lo que ustedes cuentan, en relación a la oposición, no tiene nada que ver con los que hablamos en comisión”.
Finalmente, la moción fue aprobada con los votos favorables del PP y el diputado no adscrito.
