El curso académico que está a punto de finalizar ha sido especialmente difícil para todos. En todas partes y en todos los niveles ha aumentado el número de aprobados. Sin embargo, esta circunstancia ha terminado en investigación en la Universidad de Granada (UGR). Más de 800 estudiantes matriculados en la asignatura de Derecho Administrativo, algunos de Melilla, se encuentran ante la posibilidad de repetir el examen. ¿El motivo? Que normalmente aprueba un 20% y tras la primera parte de la prueba, tipo test, realizada de manera telemática, el porcentaje de aprobados se ha disparado hasta el 85%.
Podría deberse a que los alumnos aprovecharon el confinamiento para hincar los codos, pero, al parecer, un estudiante ha enviado de manera anónima capturas de un grupo de WhatsApp en el que presuntamente se compartieron las respuestas correctas.
No se trata sólo de repetir un examen. Se trata de que quien no ha copiado se arriesga a suspender en segunda convocatoria. En ese caso, tendría que pagar una nueva matrícula que, como todos sabéis, no es gratis. Y también, como todos sabéis, en este país hay una crisis económica monumental. Vamos, que no solo te tocan la moral. También te tocan el bolsillo.
De ahí que la solución salomónica de repetir el examen de Derecho Administrativo no guste a nadie. Ni a los que hicieron trampas, si las hicieron, ni a quienes se consideran víctimas de quienes supuestamente cometieron fraude.
La pregunta más repetida es por qué tienen que pagar justos por pecadores. Y se repite muchísimo porque quienes han optado por esta salida son juristas y se están saltando, queriéndolo o no, la presunción de inocencia.
¿Qué solución proponen los alumnos? Pues que se castigue a quienes cometieron el fraude. O sea, a los listillos que compartieron las respuestas y propiciaron el aprobado general. ¿Es justo? Pues no, pero les enseñará que ser gilipollas tiene su precio. Si conocían las respuestas, debieron hacer su examen y dejar que el resto completara el suyo. Digo que no sería justo porque quienes copiaron se irán de rositas.
Entiendo que la UGR, como centro de enseñanza superior, necesita lavar su imagen. Y entiendo que es normal y hasta exigible que se investigue qué ha pasado. Pero para llevar a más de 800 estudiantes a hacer un nuevo examen deberán demostrar qué ha pasado con el 15% que ha suspendido. Porque si supuestamente se compartieron las respuestas, cabe, como mínimo, la pregunta de por qué no copiaron esos últimos.
Desde fuera no me preocupa el aprobado general. Da igual que te aprueben o no la asignatura. Si estudias porque quieres trabajar, necesitas aprender, no aprobar un test con respuestas memorizadas. La vida te hace siempre el examen más difícil. Y si lo suspendes, a la lista del paro.
Pero este tipo de incidentes tiene sus consecuencias. Al saltar a la prensa escrita y a la televisión que ha habido fraude en el Departamento de Derecho de la UGR, los títulos de esta carrera expedidos por esta universidad sólo servirán para limpiar cristales. Y si no, que se lo pregunten a los graduados de la Universidad pública Rey Juan Carlos y a quienes hicieron el máster en el año de Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Desde la Facultad de Derecho han aclarado que la decisión de repetir el examen no es firme. Hoy viernes se reunirán los profesores del Departamento de Derecho para decidir qué hacer. La decisión no es fácil, especialmente si no han conseguido averiguar qué ha pasado exactamente y demostrarlo con pruebas.
Un melillense, alumno de la UGR, que se ha puesto en contacto con El Faro nos ha comentado que a él le han llamado del Servicio de Inspección de la UGR y le han pedido que viaje a Granada para hablar del asunto. Así, con tranquilidad. ¿Es que no saben que los billetes de barco escasean y además están por las nubes? ¿Qué hay de malo en hacer la entrevista por zoom, Skype o Google Meet?
Ha habido exámenes telemáticos en todas las universidades de este país. La pregunta no es si ha habido fraude o no en la UGR sino por qué ha podido pasar esto.
Uno de los afectados con la probable repetición del examen se quejaba de que la UGR marcó unas reglas del juego y ha querido cambiarlas con el partido empezado. La posibilidad de atajar conductas fraudulentas tenía que haber sido contemplada antes de realizar los exámenes, no a posteriori.
Ahora hay cerca de 800 alumnos con el corazón en un puño. Y lo peor de todo, el prestigio de la universidad y de los títulos que ésta expide, también.
