El Congreso de los diputados discutió a mediados de la pasada semana sobre la conveniencia o no de eliminar de la Constitución la figura del aforado y todos los ‘privilegios’ que conlleva esta distinción para los diputados, senadores y miembros del Gobierno, además de los diputados autonómicos.
El asunto cobra actualidad en el ámbito local tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de investigar un posible delito de prevaricación del que podría ser responsable el presidente local, Juan José Imbroda, que también es senador, lo que impide que su caso pueda ser investigado en un juzgado ordinario.
En esencia, los diferentes grupos políticos en el Congreso están de acuerdo en eliminar o reducir el aforamiento, aunque con matices, lo que es suficiente para impedirles proceder de inmediato a la supresión del aforamiento, que muy pocos ven como un privilegio. El propio Imbroda expresaba la pasada semana enfado por esta supuesta prebenda, que le ha impedido defender su inocencia hasta ahora y que todavía no le permitirá hacerlo hasta dentro de unos días, cuando el Senado acepte el suplicatorio del Tribunal Supremo.
Desgraciadamente, el aforamiento no es el principal problema de nuestra Justicia. Sólo es uno más; tal vez el que irrita en mayor medida a una parte de la sociedad. Sin embargo, el obstáculo de mayor tamaño al que debe enfrentarse cualquier ciudadano que se presenta ante un juez en busca de Justicia es, sin duda, la tardanza de los tribunales en resolver los asuntos que se les plantean. Probablemente esta lentitud sea el principal argumento de quienes se oponen a la existencia de los aforados. Si ocurriera justamente lo contario, es decir, que un diputado, senador o miembro del Gobierno presuntamente responsable de un delito fuera inmediatamente procesado y juzgado, los ciudadanos defensores del aforamiento serían una abrumadora mayoría. No es así, ni será así cuando se elimine o reduzca el aforamiento, si finalmente el Congreso decide llevar a la práctica lo que todos sus diputados, al margen de matices, apoyan.
Desgraciadamente, aunque dentro de un tiempo haya que buscar a los aforados en los libros de historia y todos acabemos siendo ciudadanos con los mismos ‘privilegios’ ante un juez, la justicia en nuestro país continuará siendo igual de lenta, tendiosa e irritante. Nadie puede decir que la profesión de impartir justicia vaya a empeorar cuando se elimine el aforamiento, pero sería estúpido pensar que su supresión va a traer mejoras en algún aspecto. No obstante, la intrascendencia de esta medida para solucionar los problemas reales que aquejan a nuestros tribunales no debe ser entendida como un argumento para no tomarla. Todo depende de qué deseamos o con qué nos conformamos; de si queremos agarrar el rábano por las hojas o preferimos agarrar al toro por los cuernos, lo que, sin duda, es mucho más arriesgado y requiere un mayor esfuerzo.
