Hay algo que es endémico de la izquierda: el irrespeto por la propiedad privada y la falta de seguridad jurídica que acompaña a sus gobiernos, allí donde estén. Son como Atila, por donde pasan no vuelva a crecer la hierba.
En esta legislatura tenemos, por ejemplo, la futura ley de vivienda, que pretende controlar los precios del alquiler en lo que PSOE y Podemos llaman “zonas tensionadas”. Esa intervención maligna lo único que pretende es ocultar la incapacidad del Gobierno para poner más casas de alquiler en el mercado. Porque, como ya explicamos en alguna ocasión, el mercado se regula solo. Los precios bajan cuando la oferta supera la demanda. Es sencillo, pero la izquierda no consigue entenderlo y mucho menos acatarlo.
Ahora tenemos en Melilla el anuncio de CpM de expropiación de un edificio modernista con orden de restauración no acatada por los propietarios. Esta situación es preocupante porque apelan al principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Dejan en total indefensión a los propietarios so pretexto de salvar el patrimonio cultural. Eso es lícito y aplaudido en repúblicas bananeras, pero no puede serlo en un Estado de Derecho.
Entendería que desde la Ciudad pensaran en medidas de otro tipo. Las sanciones económicas, por ejemplo, han demostrado su eficacia a lo largo de la historia. Cuando a la gente le tocas el bolsillo, también le tocas la moral y termina entrando por el aro.
Evidentemente hay que hacer algo con los propietarios de edificios modernistas que dejan que el inmueble se venga abajo para poder construir otro en su lugar más moderno y sin los trabajos que da tener o vivir en una casa antigua.
La Ciudad asegura que subvenciona hasta el 74% de las obras de mantenimiento de la fachada y el interior del inmueble. El problema está en que el otro 26% lo tiene que poner el propietario. Y quien crea que hablamos de calderilla, se equivoca. Tanto es así que la propia Consejería de Infraestructuras y Urbanismo ha contactado ya a los ministerios de Transportes (con competencias en Vivienda) y de Cultura y Deportes para que le echen una mano con las obras. O sea, la propia Administración no puede asumir ese coste en solitario y pretende, en cambio, que lo haga una familia que no maneja el presupuesto del consejero Rachid Bussian. ¿Por qué?
Imagínese que usted hereda un edificio modernista y se encuentra, por una parte, que tiene que pagar el impuesto sobre el Patrimonio, que pese a estar bonificado al 75% representa también un desembolso importante. Por otra, se da de bruces con el consejero Bussian y su supuesta lucha contra la especulación inmobiliaria que, según su teoría, ha vivido años de impunidad en Melilla. La realidad, a día de hoy, es que seguimos siendo la segunda ciudad española con más edificaciones modernistas. Hemos perdido edificios bellos, pero en ningún caso se puede hablar de exterminio.
Fíjese, si usted está tieso, algo muy probable en esta ciudad habida cuenta de que estamos económicamente asfixiados por Marruecos, y Bussian le dice que tiene que conservar la fachada y el interior del edificio o se lo expropia, no le quedará más remedio que endeudarse con el banco, si eso es posible, o perder su propiedad.
Y es ahí, donde yo creo que falla la medida. Multe, vuelva a multar, o repare usted el edificio y pásele la factura al propietario. Pero en ningún caso usted puede tener el descaro de arrebatarle algo que le pertenece. No se puede apelar a la conservación del patrimonio para despojar a la gente de sus propiedades.
Esto lo hemos vivido en Cuba, cuando a finales de 1959 los comunistas decidieron hacer una reforma agraria y expropiar todas las tierras de titularidad privada que pasaron en ese momento a ser tierras de propiedad estatal. O sea, patrimonio de todos. ¿Saben qué pasó con esas tierras que, por ejemplo, reportaban millones a la United Fruit Company? Pues que hoy no producen una mierda y están llenas de marabú (arbusto con espinas, de origen africano, que en Cuba se ha convertido en una plaga).
Pasó lo mismo con edificios, hoteles o industrias azucareras. Confiscaron hasta los bares y restaurantes. Y con esa medida se hundió el país.
Aquí estamos hablando de expropiar edificios modernistas ante la necesidad de conservarlos. Ni siquiera se plantea la posibilidad de permutas de solares, si es que la Ciudad tiene terrenos que permutar.
Sencillamente no lo veo. Me parece una barbaridad que a estas alturas la administración se permita la licencia de jugar con la propiedad privada.
Y no por esto negamos la necesidad de hacer algo por conservar nuestros edificios modernistas. Pero también hay que ser conscientes de que la escasez de suelo urbanizable obliga a varias generaciones de una misma familia a convivir bajo el mismo techo. Y a eso sí hay que buscarle una solución.
Ya lo hemos propuesto en otras ocasiones. Hay que modificar el Plan Urbanístico para que nos permita levantar torres de entre 20 y 50 plantas en las inmediaciones de la valla, con vistas a Marruecos, al Gurugú y a Melilla.
Proporcionar suelo para construir viviendas es más importante que desproteger a propietarios. Pero evidentemente es más fácil destruir que construir. Me parece una locura que a estas alturas hablemos de expropiación.
