La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, despejó dudas este martes en torno a una supuesta suspensión de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, prevista para el próximo 17 de diciembre.
Respondió así a un diario online que aseguraba el martes que el Rey Mohamed VI había renunciado a la cita tras las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, posicionándose a favor del Frente Polisario, de la ruptura del alto al fuego en el Sáhara Occidental y del referéndum saharaui.
Aunque Marruecos es impredecible, creo que en estos momentos a Rabat le interesa tanto como a España esa reunión. Para ellos, el Sáhara siempre ha marcado la relación con nuestro país, pero después de que Francia amenazara con negar visados a políticos y empresarios de países africanos que no readmitan a migrantes expulsados desde Europa, Rabat no se puede presentar en el continente que pretende liderar como aliado incondicional de los franceses, aunque lo siga siendo.
Necesita a España y necesita que nuestro país afloje la cuerda en temas tan aparentemente insignificantes como las multas a los camioneros marroquíes que entran por Algeciras con más combustible del permitido por ley en Europa desde hace años.
Pero Montero no sólo despejó las dudas en torno a la celebración de la RAN sino también sobre los temas que se van a abordar en ese encuentro. Se hablará, según dijo, de inmigración. O sea, de Canarias. Así que hacemos bien si en Melilla nos bajamos de la nube. Podemos darnos con un canto en los dientes si el nombre de nuestra ciudad al menos se menciona en la cita.
Por tanto, nos encaminamos hacia la RAN con las esperanzas por el suelo. No hay nada que esperar de un encuentro que hablará de inmigración justo cuando en Melilla todo parece bajo control, a pesar de que sigamos asistiendo, impávidos, al entierro de personas que mueren ahogadas intentando llegar a nuestra ciudad a nado.
Sólo nos queda aspirar a que en el encuentro se hable, al menos, de la fecha prevista para la reapertura de la frontera. Sería, sinceramente, un logro conseguir que los dos países abrieran a la vez, sin dejar espacio a las elucubraciones sobre quién manda aquí o quién decide sobre el futuro de esta tierra.
Mientras esa cita llega, celebramos que el Gobierno central haya acordado destinar a la ciudad 4,1 millones de euros para la atención a menores extranjeros no acompañados. Nosotros, como ciudad prácticamente en ruinas, endeudada y pobre, no podemos seguir asumiendo los gastos de la inmigración de niños que viajan solos. Es, por tanto, la RAN, el lugar idóneo para abordar el tema de la repatriación de menores marroquíes. Yo ni siquiera defiendo que los envíen a todos de vuelta a su país. Me basta con que sean readmitidos aquellos de los que tenemos constancia que no son huérfanos.
Es difícil localizar a esas familias, pero la práctica ha demostrado que no es imposible. Prueba de ello es que cuando algún niño muere en Melilla en cuestión de días los familiares vienen a reclamar el cadáver. Si lo consigue una ONG, lo tiene que conseguir el Estado, que tiene muchísimos más recursos a su disposición.
Melilla no puede seguir enterrando niños. No podemos seguir funcionando como un dique de contención de la inmigración de menores extranjeros hacia España. Nosotros los formamos, los cuidamos, pero esa oportunidad no la aprovechan todos. Los hay que tienen un objetivo claro: cruzar a la península, seguir camino a Europa o tocar a la puerta de centros de acogida con mejores condiciones de las que les ofrecemos en esta ciudad.
Esa sigue siendo una asignatura pendiente. Seguimos sin entender que la inmigración es una industria en esta ciudad y que tenemos que cuidarla porque nos da puestos de trabajo. Quizás deberíamos replantearnos a quién damos ese dinero. Yo optaría por priorizar a las ONGs de Melilla frente a las grandes trasnacionales de la solidaridad.
Antes de los saltos a la valla, no estaban por aquí. Los vimos desembarcar junto con el show mediático en la doble alambrada. La situación no es la misma. No hablo de eliminar el servicio que prestan, sino de conceder esos contratos a ONGs de la ciudad que llevan años al pie del cañón y que durante la era Rajoy fueron criminalizadas y atacadas.
Hay que barrer para casa. Es nuestra obligación porque si nos mandan a un trabajador social de Madrid, ese dinero, como es natural, se irá a Madrid. Pero si ese empleo es de Melilla, hay más posibilidades de que el dinero se quede en Melilla.
Estamos en una situación difícil. Nadie, en ninguna comunidad autónoma, abre los brazos a empresas de fuera, sin el compromiso de que tienen que crear empleo local. Nosotros somos los únicos que nos traemos hasta los obreros de la construcción de fuera. Cuando las cosas van bien y hay para repartir, genial. Pero cuando estamos con una mano delante y una mano detrás, pidiendo por las dos partes, hay que barrer para casa. Si ésta o aquella ONG quieren estar en Melilla, fantástico. Pero tienen que crear empleo en esta ciudad. Sin ese compromiso no podemos renovar contratos.
La inmigración es la única industria que queda en pie en esta ciudad. Necesitamos que los obreros de esa industria sean melillenses.
