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Imputados 8 guardias civiles por golpear a un inmigrante en la valla el 15 de octubre

por Rebeca Alcántara
19/02/2015 21:47 CET
Imputados 8 guardias civiles por golpear a un inmigrante en la valla el 15 de octubre

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fotosmelilla 2015 02 20 rebeca 7 4 Imputados 8 guardias civiles por golpear a un inmigrante en la valla el 15 de octubrefotosmelilla 2015 02 20 rebeca 7 5 Imputados 8 guardias civiles por golpear a un inmigrante en la valla el 15 de octubreEl juez quiere saber si el uso de la fuerza por parte de los agentes fue acorde a la ley

 

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, ha citado a declarar en calidad de imputados a ocho guardias civiles (un comandante, un teniente y seis agentes) por los supuestos golpes propinados a un inmigrante subsahariano, que posteriormente fue entregado a Marruecos, en el salto a la valla del pasado 15 de octubre de 2014. Los agentes son citados con el objetivo de determinar si el empleo de la fuerza realizado ese día “fue o no contrario al derecho”, según indica el juez en el auto.
La imputación de los guardias civiles surge a raíz de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de nuestra ciudad tras una denuncia interpuesta por varias ONGs, entre ellas Prodein, contra las supuestas devoluciones en caliente que se produjeron en la valla en los saltos del 18 de junio, 13 de agosto y 15 de octubre del año pasado. En la denuncia se aportaba un vídeo grabado por Prodein en el que se ve cómo un inmigrante que está bajando de la valla con un garfio en la mano parece ser golpeado por varios agentes. Después de la supuesta agresión, los guardias civiles lo cogen en brazos del suelo y lo llevan en volandas para entregarlo a las Fuerzas de Seguridad del país vecino. Para Lamo de Espinosa es necesario determinar si el empleo de la fuerza en aquella ocasión fue acorde con lo permitido en la ley.

El otro vídeo
En el auto, el juez indica que en otra grabación del mismo salto aportada por la Guardia Civil (en su momento también facilitada a los medios de comunicación por la Delegación del Gobierno) se aprecia cómo el inmigrante parece empuñar un garfio en su mano derecha. Por ello, el juez también quiere determinar si alguno de los inmigrantes que saltaron la valla cometió algún delito.
El abogado de las ONGs denunciantes, José Luis Rodríguez, afirmó ayer en declaraciones a El Faro que además de los ocho agentes imputados, también han sido llamados a declarar como parte afectada otros guardias civiles que supuestamente fueron agredidos por los subsaharianos para que cuenten qué ocurrió y sean examinados por un forense. Hay que recordar que, según la Delegación del Gobierno,  al menos 5 agentes necesitaron asistencia médica tras aquel salto.
Rodríguez indicó, además, que en el auto, Lamo de Espinosa también solicita al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) que localice a los inmigrantes que entraron en nuestra ciudad los días 18 de junio, 13 de agosto y 15 de octubre del año pasado, las tres fechas de las supuestas ‘devoluciones en caliente’ investigadas.

Localización de inmigrantes
Asimismo, el abogado apuntó que el juez quiere localizar y tomar declaración a cuatro inmigrantes que lograron entrar en nuestra ciudad el 15 de octubre y fueron trasladados posteriormente a la península. De hecho, Rodríguez aseguró que uno de estos subsaharianos ya ha sido localizado. El objetivo es que los inmigrantes cuenten también qué vieron en la valla en aquella jornada.
Además, el juez ha pedido a la Comandancia de la Guardia Civil la identidad y el número total de inmigrantes que fueron entregados a las Fuerzas de Seguridad marroquíes el día 15 de octubre. También pide información sobre el inmigrante supuestamente agredido y devuelto a Marruecos para intentar localizarlo y citarlo a declarar. Asimismo, el abogado dijo a El Faro que Lamo de Espinosa también requerirá los informes de los hospitales de Marruecos donde el joven expulsado y supuestamente golpeado que se ve en el vídeo de Prodein fue presuntamente atendido, según dijo el Gobierno, y se comprobó que no sufría lesiones de consideración ni necesitaba ser ingresado.
Además, según el auto,  el juez reclama a la Comandancia “la descripción del protocolo seguido para comunicar las órdenes a los agentes actuantes en el perímetro fronterizo (en las fechas señaladas) indicando si las mismas se efectúan por escrito o de manera verbal y las órdenes específicas que se imparten en relación a la forma de proceder con los inmigrantes que no superen el cordón policial de vigilancia”. Además, pide a la Delegación del Gobierno información sobre los desperfectos que sufrió la valla en los tres saltos que está investigando.

Sin fecha para declarar
Por el momento no hay fecha para que los guardias civiles acudan a declarar, aunque en el auto el juez indica que es preciso que la instrucción se acabe “a la mayor brevedad”.
Hasta la citación de estos ocho agentes, el único imputado en el procedimiento era el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, que compareció en sede judicial el pasado mes de octubre por un presunto delito de prevaricación.
La causa se instruye por la presunta comisión de los delitos de lesiones, trato degradante, coacciones, contra los derechos individuales, contra el deber de impedir la comisión de un delito y omisión del deber de socorro.
Según recuerda el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), esta calificación tiene un valor “meramente provisional y no vinculado a las partes personadas”.
Entre los ocho agentes citados, que son los que han sido reconocidos en el vídeo de Prodein, hay miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, así como de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), que participaron en el despliegue, según fuentes judiciales.
Hasta el momento se han presentado dos recursos de apelación, ambos contra el auto en el que se acordó desestimar la petición de sobreseimiento provisional y se ordenaba la continuación del procedimiento.
Los recursos han sido presentados uno por el Ministerio Fiscal y otro por la Abogacía del Estado, recursos a los que se han opuesto las acusaciones populares personadas y que han sido elevados a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla.

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