La Guardia Civil y, más concretamente, los funcionarios adscrito al servicio en el puerto melillense, ha conseguido incautarse de más de 171,6 kilos de hachís en el registro de un vehículo que pretendía embarcar rumbo a Almería. No se conoce cuándo se produjo este hallazgo pero lo que está claro es que se ha dado un golpe importante al narcotráfico con la detención, además, de dos personas, un joven de 24 años y una mujer de 45, ambos residentes legales en España.
Los agentes de la benemérita desarrollan una labor imprescindible para sacar de la calle estos estupefacientes y huelga decir que muchas veces incluso a riesgo de sus propias vidas. No hay que remontarse mucho en el tiempo para recordar lo que sucedió en Barbate cuando, a pesar del mal estado de la mar, salieron en busca de las lanchas y una de ellas les pasó por encima, matando en el acto a dos de los funcionarios. Es algo que nadie puede olvidar porque la capacidad de sacrificio y la entrega de aquellos guardias civiles solo puede motivar a desearles "honor y gloria" hasta el fin de los días.
Y si la labor de la Guardia Civil ha sido tan destacada esta semana, no lo es menos que la Policía Nacional haya conseguido desarticular una organización criminal que se dedicaba a fomentar la inmigración irregular de personas de origen marroquí a Melilla a cambio, eso sí, de suculentas tarifas que, según afirman varias fuentes consultadas, podían llegar hasta los 12.000 euros.
Lo que hacían era proporcionarles falsos contratos de trabajo como empleados del hogar para que pudieran regularizar su residencia en España, lo cual supone varios delitos, como actuar contra los derechos de ciudadanos extranjeros falsedad, documental y organización criminal. Se detuvo por ello a siete individuos, entre ellos, precisamente, un policía nacional y un guardia civil, lo cual pone de manifiesto que existen manzanas podridas, si bien no se puede juzgar a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad por el mismo rasero porque, además de injusto, sería totalmente irreal.
La inmensísima mayoría de estos funcionarios son abnegados trabajadores cuya vocación de servicio público les ha llevado a elegir una profesión basada en proteger a los ciudadanos. Son fundamentales en una sociedad democrática porque solo la seguridad bien entendida ofrece la libertad que se reclama en nuestro sistema político.
Es muy importante que los propios policías hayan detenido a compañeros que presuntamente se pasaron al lado oscuro. Eso demuestra que los melillenses pueden estar tranquilos y confiados en la labor de los agentes, capaces de tirar adelante ante cualquier delito aún a costa de tener que denunciar y detener a otros policías o guardias. Ahí la Jefatura Superior se ha anotado un punto interesante.
Y no se puede pasar por alto otra cuestión que resulta bastante preocupante. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente el apedreamiento de un vehículo radiopatrulla en el barrio de Cabrerizas, que rompió la luna delantera del coche cuando la patrulla realizaba su trabajo de control y seguridad en esa zona de la ciudad.
Los autores de ese acto vandálico no deberían quedar impunes. Es muy necesario que se puedan identificar y paguen las consecuencias de una acción delictiva, que no de un divertimento o gamberrada, como dicen algunos. De hecho, pueden ser condenados hasta 3 años de cárcel, como recordaba el secretario general de la citada organización sindical, Jesús Ruíz Barranco.
