Ni todos pueden estar contra el Gobierno local ni es posible admitir que un consejero despache en sentido contrario a lo que dicta un tribunal la denuncia presentada por el Colegio de Arquitectos contra la contratación ‘a dedo’, según la Justicia, de un técnico en arquitectura.
Según Rafael Marín la contratación en cuestión “ha sido limpia”, pero según el Juzgado de lo Contencioso Nº 3 de Melilla, la misma se realizó con “abuso de poder”, con el ánimo de contratar a una persona determinada –un allegado del Gobierno de la Ciudad, dice el Colegio de Arquitectos- y, por tanto, con absoluto desprecio de las normas que aseguran la igualdad de oportunidades en el acceso a un puesto de trabajo en la Administración pública.
El consejero Marín achaca al abierto enfrentamiento entre la dirección del Colegio de Arquitectos de Melilla y el Gobierno local, la denuncia en cuestión. Es posible, de hecho, si no se hubiera activado un procedimiento judicial posiblemente sólo se hubiera cuestionado en corrillos y mentideros varios, como ocurre con tantos otros puestos de trabajo cubiertos en las Administraciones Públicas, ya sea la local o la estatal, sin que nadie reaccione de forma efectiva. Es más, en este caso que nos ocupa, nada han dicho ni hecho por ejemplo los poderosos sindicatos que tantos liberados tienen en la misma Administración y especialmente en la Ciudad Autónoma.
Las motivaciones del Colegio profesional no las voy a juzgar porque, a fin de cuentas, tampoco constituyen en este asunto una cuestión esencial. Lo que sí preocupa es la reacción del Gobierno melillense y, en particular, del consejero de Fomento, que lejos de defender sus postulados intenta hacernos comulgar con ruedas de molino poniendo en entredicho la resolución judicial que le quita razón y, de paso, políticamente, lo pone al pie de los caballos.
Los accesos a puestos de trabajo tan bien remunerados como los de técnicos de la Ciudad Autónoma no necesitan de una época de crisis extrema como la que vivimos para desatar todo tipo de susceptibilidades entre la sociedad.
Jugar con algo tan serio como la igualdad de oportunidades en el posible acceso a la Administración Pública tiene un coste irremediable, y si el Gobierno local no es capaz de explicarse –porque el consejero Rafael Marín no ha sido capaz de hacerlo-, simplemente tendrá que afrontar las consecuencias. Más aún cuando según el Colegio de Arquitectos en ningún momento se recurre la sentencia entrando en el fondo de la misma, sino tan sólo centrándose en cuestiones formales y de otro tipo con miras a poder anularla.
Pero lo anterior, de conseguirse, no resolverá el debate que se ha abierto y que ha puesto en tela de juicio la transparencia de nuestro Gobierno local a la hora de llevar a cabo contrataciones y, por ende, gestionar los asuntos públicos. O se reacciona debidamente o habrá que asumir que al Gobierno Imbroda lo han pillado infraganti.
El enchufismo, tan al día en el largo elenco de cargos de libre designación y puestos de confianza que todos critican desde la oposición pero todos mantienen y engordan cuando gobiernan –ejemplos los hay en todas partes, miremos también a la Delegación del Gobierno- es un mal admitido por quienes contribuyen a hacer de la política una agencia de empleo. De este penoso proceder no se salva nadie, ni los que hoy critican con unas ínfulas que no les corresponden, ni quienes intentan justificarlo simplemente porque sí y sin argumentos en los que apoyarse.
El caso del arquitecto interino es sólo un ejemplo. A mi, particularmente, su nombre no me dice nada. Habrá que investigar para saber en qué medida es allegado a algún miembro del Gobierno local. Sui nombre no se ha publicado en prensa pero basta con meterse en el BOME de la ciudad para tener acceso a su identidad.
Sin embargo, tampoco es lo que más importa, porque lo que cuenta es el hecho y su carga simbólica; Extrema aunque el Gobierno Imbroda haya optado por parapetarse y colocarse en el papel de víctima acosada por todos y frente a todos. Y todos, como digo, empezando por la Justicia, no pueden ni están contra el Gobierno de la Ciudad, que debe saber gestionar sus crisis, porque de lo contrario otro tipo de críticas furibundas y vanas, como las que se vienen haciendo a costa de la nueva oferta de vuelos baratos de Air Nostrum, encontrarán terreno abonado para crecerse aunque resulten tan estúpidas como demagógicas. Me refiero en concreto a la supuesta acusación, suscrita nada más y nada menos que por nuestro institucional delegado del Gobierno, en la que se afirma que el Gobierno de la Ciudad ha preferido beneficiar a Air Nostrum y levantarse de la mesa de negociación sobre el transporte aéreo con Melilla promovida por el Ministerio de Fomento.
Así como en el caso del arquitecto al Gobierno local le han metido un gol por toda la escuadra sin que haya mostrado la mínima capacidad de reacción, en este otro asunto de los nuevos pasajes baratos, el PSOE y sus cargos varios, incluido el muy institucional de Gregorio Escobar, juegan a tejer el gusano goebbeliano. Y es que nadie puede levantarse de una mesa en la que no se ha sentado ni puede sentarse desde hace cinco meses. La nueva oferta de Air Nostrum es una ventaja que no cierra puertas a nada. Si el PSOE se ve capaz de cumplir sus promesas electorales en materia de transportes, que lo haga, pero que no escude su torpeza con acusaciones falsas con tal de no reconocer lo que sin duda es bueno para Melilla y los melillenses.
