Queda menos de un año para la finalización de la presente legislatura. Según un informe elaborado por los letrados de las Cortes, que analiza las previsiones de la Constitución y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el día más tardío para celebrar las próximas Elecciones Generales es el 10 de diciembre de 2023. El presidente del Gobierno puede adelantar esa fecha pero no retrasarla. Entramos, pues, en año electoral.
Hay otra fecha marcada con carácter relevante en el calendario electoral del próximo año, que es la del 28 de mayo, en la que, previsiblemente, se celebrarán elecciones municipales en todos los ayuntamientos de España así como en 12 de las 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La fecha de las elecciones municipales es la más inmutable de las contempladas en el calendario electoral nacional. Una vez cada cuatro años, en el último domingo de mayo.
Este calendario de preparación electoral ha propiciado una suerte de urgencia legislativa por parte del Gobierno, que vive inmerso en una lucha interna para poner de manifiesto cuál de los dos socios de la coalición de gobierno (PSOE o UP) es más de izquierdas y quién promueve más actuaciones de las que ellos denominan “progresistas”. Todo ello en su pugna particular para obtener el respaldo electoral del sector de población que se autodenomina de izquierdas. Así nos encontramos con la controversia propiciada por la aprobación de la Ley de garantía de la libertad sexual, también conocida como ley del “consentimiento” o ley del “sólo sí es sí”. Desde su entrada en vigor, 52 condenados por delitos de carácter sexual han visto reducidas sus condenas en virtud de las principios generales de aplicación de nuestro Código Penal. Otros 12 condenados han sido excarcelados en virtud de los mismos principios. Esta Ley, como es sabido, fuertemente apoyada por la parte del Gobierno representada por Unidas Podemos, encuentra reservas por parte de los miembros socialistas del mismo Gobierno, si bien, por indicación del presidente, que se juega el apoyo del socio que hizo posible su investidura (UP), se abstienen de hacer públicas sus reservas, a costa del precio que pagan los españoles, en términos de estabilidad social, por estas anomalías legislativas.
También se encuentra paralizada en el Congreso, por el mismo tipo de controversia entre los socios del mismo, la tramitación de la llamada Ley Trans, la de Seguridad Ciudadana, la de Secretos Oficiales y la de Seguridad Nacional.
Al propio tiempo y también para garantizar la continuidad de los apoyos que hacen posible la permanencia del presidente Sánchez en la Moncloa, el Gobierno está promoviendo la introducción de modificaciones en nuestro Código Penal que reducen la gravedad de las penas impuestas por los delitos de sedición y malversación en favor de los condenados por los mismos, representantes, fundamentalmente, del independentismo catalanista, aunque le secundan, igualmente, por intereses partidistas propios, los independentistas y nacionalistas vascos, gallegos y valencianos.
Todo el galimatías legislativo anteriormente expuesto viene motivado por la naturaleza de los apoyos en los que se sustenta el denominado Gobierno de Coalición, cuya estabilidad es cuestionable y que, como diría Pablo Iglesias, ha obligado al Gobierno de España a cabalgar contradicciones, con un significativo coste para la estabilidad y la convivencia cotidiana entre españoles, que asisten, con desasosiego, a este penoso espectáculo. Como consecuencia de todas estas contradicciones que cabalga el Gobierno y ante la necesidad de mostrar unidad, cada vez más frágil, identificando para ello enemigos externos, la actividad política se encuentra sometida a un notable clima de crispación y polarización y no sólo entre los políticos sino también a nivel de calle.
El pasado fin de semana, durante la jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados, para el libre acceso de los ciudadanos al mismo, con ocasión de la celebración de la Constitución, no eran pocos los que reprochaban a los políticos presentes su falta de moderación y su exceso de vehemencia en su actuación política, pero lo hacían, precisamente, desde la falta de moderación y el exceso de vehemencia. Es decir, que los episodios bochornosos en los que se producen intervenciones ofensivas por parte de “algunos” políticos son interiorizados por “algunos” ciudadanos que vienen a sumarse a ese modo inaceptable de comportarse en la relación social.
En uno de los infinitos tuits que pueblan las redes estos días, se puede ver un vídeo en el que aparece la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto del Partido Socialista, culpando al Partido Popular de falta de moderación y de intentos de crispación, pero lo hace con tal falta de moderación y con tanta crispación, que un comentarista anónimo reflexiona sobre “cómo se puede criticar la presunta falta de moderación y los intentos de crispación de la actuación política, desde una actitud semejante a la del demonio de Tasmania”. Humor ciudadano para describir una actitud que, por contradictoria, produce desagrado y hastío en la ciudadanía.
Todos y cada uno de nosotros, políticos y ciudadanos en general, deberíamos hacer examen de conciencia de nuestra conducta personal y en vez de contentarnos con criticar a los demás, por sus excesos verbales o de conducta, adoptar un discurso moderado y exento de crispación. La pasada semana escuché una vieja canción que llevaba por título “Práctica lo que predicas” y en esa disposición creo que deberíamos instalarnos todos. El próximo año será año electoral y bueno será estar prevenidos contra todo intento de generar tensión, que no faltarán, para, así, acercarnos a los procesos electorales con serenidad, rigor y responsabilidad. Nuestra sociedad es capaz de hacerlo, como hemos sido capaces de demostrar en momentos más complejos que los actuales.
Los que ya tenemos algunos años y somos los beneficiarios directos de los sacrificios realizados por los miembros de la generación que nos precedió, para entregarnos un país reconciliado y con ilusión por un futuro mejor, se lo debemos a las siguientes generaciones, que nos miran expectantes, mientras caminamos hacia el fin de la legislatura.
