EL JUEZ de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado la busca y captura de tres militares marroquíes que presuntamente acabaron con la vida de Emin y Pisly. Siete años después de la tragedia, se da un primer paso por parte de la Justicia española para llevar ante los tribunales a los responsables de la muerte de los jóvenes melillenses. Durante este tiempo, las familias de las víctimas han perseverado en su búsqueda de justicia, han tenido que lidiar con la indiferencia de los diferentes Gobiernos que han pasado por Moncloa desde el ese trágico día y han logrado que el asesinato de sus hijos no cayera en el olvido. La Fiscalía, que en un principio no tenía intención de seguir adelante con el asunto, deberá ahora dar un paso y comenzará un proceso que habrá que ver en que acaba. Porque al final, será Marruecos el que decida si los presuntos asesinos terminan ante el juez. El asesinato de los dos jóvenes es el más sangrante ejemplo de la poca voluntad que tiene Marruecos en ser un buen vecino. Las autoridades marroquíes no han movido un dedo para esclarecer un crimen que en otro lugar habría sido un escándalo internacional. Pero en la frontera de Melilla con Marruecos no. Aquí, Rabat manda, hace y deshace y el Gobierno español, sea del color que sea, se pliega a sus exigencias. La defensa de las dos familias que han perdido a sus hijos ha sido, cuanto menos, relajada. En ningún momento la diplomacia española ha apretado a la marroquí con este tema y se ha fallado en la protección de ciudadanos españoles. Ahora, resta ver como se desarrollan los acontecimientos, pero sin lugar a dudas esta es una primera victoria para dos familias que han seguido luchando por sus hijos y no han desfallecido a pesar de las trabas en el camino. Un ejemplo para todos.
