Desde que se conoció, poco después de las elecciones generales del pasado verano, que la intención del Ejecutivo central era la de elaborar una ley para conceder la amnistía a los políticos catalanes de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que participaron en el procès en 2017, no han parado de surgir voces discordantes.
Estas se encuentran, especialmente, en la derecha española, cuyo descontento está siendo capitalizado por el PP y Vox. Los de Abascal llevan meses recogiendo firmas contra la normativa que se está tramitando en las Cortes Generales, mientras que los populares ya han organizado varias concentraciones en protesta, sobre todo en Madrid.
Este sábado dieron un paso más y se coordinaron para, en todos los ayuntamientos en los que gobiernan, leer al mediodía un manifiesto donde criticaron duramente la política del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar en lo referente a este asunto.
La derecha está claramente descontenta con esta medida, pero también incluso en la izquierda hay mucha gente que no ve bien la amnistía y que seguramente está acudiendo a los distintos actos que se están organizando durante los últimos meses.
Y los jueces están enfadados. El CGPJ –aún sin renovar, por cierto- se posicionó ya en noviembre en contra de esta medida y se ha acusado al Gobierno de presionar a los magistrados, especialmente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por imputar al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Lo que no se puede negar, le guste o no al Gobierno en general y a los socialistas en particular, es que hay abierta una gran polémica en España en torno a la amnistía. El PP ha llenado las calles ya en varias ocasiones con sus concentraciones de protesta.
Puede que ni Pedro Sánchez, ni el PSOE, ni el Gobierno en general quieran verlo, pero existe un problema con este asunto. Bien sea porque la ley es injusta, como esgrimen el PP y Vox, bien sea porque no han sabido dar motivos convincentes a los ciudadanos para tramitarla, el disgusto entre una buena parte de la población es mayúsculo.
Así las cosas, está por ver si este perdón les pasará factura en las elecciones –tanto generales como locales y autonómicas- previstas en 2027, siempre, claro, que el Ejecutivo logre agotar una legislatura que depende precisamente de los independentistas catalanes y en la que el PP adelanta que seguirá batallando.
Para el Gobierno, la parte positiva es que esto ha ocurrido justamente al principio de su mandato y la memoria del ciudadano puede ser corta, por lo que tiene tiempo de cambiar una percepción que ahora mismo no es precisamente la mejor por parte de los españoles. Habrá que esperar acontecimientos.
