Ayer se inició el proceso judicial del ‘caso escoria’ después de dos años y medio de que Guelaya interpusiera la primera denuncia. Desde la asociación mostraron nuestra satisfacción por el inicio de estas diligencias previas en los juzgados melillenses que van a poder arrojar luz a un asunto que consideramos de gran interés para todos los melillenses, ya que está relacionado con la salud pública.
“En el proceso judicial que ahora empieza se tratará de dilucidar si la gestión de las escorias de la incineradora ha sido la correcta y hasta qué punto siguen afectando, a la salud de los melillenses”, explicaron.
Señalaron que el informe aportado por la Fiscalía del Estado señala que las escorias no podían considerarse residuos inertes porque sobrepasaban los niveles de sulfatos, cloruros, y los metales pesados cromo, molibdeno y antimonio y que el tratamiento de estos residuos no está siendo el correcto, dado que el proceso llamado de “maduración” no se realiza ni con el tiempo ni medidas suficientes.
Detallaron que algunos de los datos aportados por la investigación de la Fiscalía nos parecen preocupantes debido, por ejemplo a una potencial contaminación a la escollera frente al vertedero, en cuya “agua del litoral de la zona del paseo marítimo, las concentraciones de arsénico y níquel son un poco más elevadas”.
“Hay que recordar que este paseo marítimo es una zona de ocio habitual de numerosos ciudadanos que lo aprovechan para pasear, hacer deporte o, más preocupante incluso, para pescar”, apuntaron.
Aseguran que existen riesgos potenciales sobre la salud debido a la transferencia de polvo fino de las escorias provocadas por el viento, motivo por el que se ha solicitado un estudio para valorar el efecto de la contaminación atmosférica derivada de la dispersión eólica de los metales incluidos en las escorias que podrían afectar a las miles de personas que en Melilla utilizan el paseo marítimo de Horcas para pasear o realizar actividades deportivas.
La solución propuesta por Guelaya desde el primer momento fue la de enviar estos residuos a la península para su correcto tratamiento en plantas adecuadas para ello, ya que en Melilla no se dan las condiciones para ello.
En una nota de prensa, Guelaya rememoró que en agosto del año 2018 Guelaya interpuso la primera denuncia ante la actitud de pasividad del gobierno local de entonces, del Partido Popular, plasmada en una resolución sobre el proyecto de almacenamiento temporal de escorias provenientes de la incineradora.
En aquel momento, Guelaya “no compartió las conclusiones de una resolución que consideraba las escorias como “residuos inertes” y que por lo tanto podían almacenarse junto a los residuos de construcción y demolición”. Desde el principio, aseguraron, Guelaya “ha creído que no es posible verter residuos no peligrosos en un vertedero de inertes. Dejaría sin justificación haber creado un vaso de residuos no peligrosos en 2015”. Además, Guelaya considera que la administración local “se ha lavado las manos con este asunto desde 2018, mirando para otro lado, y ahora la Fiscalía obliga a los poderes públicos a tomarse en serio un asunto que podría afectar seriamente a la salud pública”.
