El personal de la Ciudad Autónoma se encuentra actualmente en pie de guerra. La anulación de dos artículos del Acuerdo Marco que afecta a los funcionarios públicos en la percepción de la productividad a los 25 años y el premio por jubilación, ha desatado un conflicto con los representantes sindicales, que se quejan de que la decisión adoptada y aprobada en el último Pleno de la Asamblea se ha llevado a cabo "de forma unilateral y sin negociación" en la mesa, órgano que consideran competente en esta cuestión.
En consecuencia, este jueves se han reunido los miembros tanto de la Junta de Personal (funcionarios) como del Comité de Empresa (laborales) y han adoptado por unanimidad varios acuerdos, el primero de ellos actuar todos los sindicatos de manera conjunta "y sin siglas" en representación de todos los empleados de la Administración Local, independientemente de que estén o no afiliados a sindicatos.
Además, se ha decidido también emprender acciones legales contra la anulación de los citados artículos del Acuerdo Marco y realizar concentraciones en las que se leerá un manifiesto bajo el lema "Por la dignidad del empleado público".
Asimismo, este próximo jueves, 28 de noviembre, se llevará a cabo la primera de las movilizaciones en la puerta del Palacio de la Asamblea a las 12 del mediodía. La única pancarta que se exhibirá será una conjunta de los dos órganos de representación sindical de la Ciudad Autónoma "por la unión de todos los empleados" de la Administración melillense.
El problema es que ambos artículos del VIII Acuerdo Marco fueron declarados nulos el pasado mes de septiembre por el Consejo de Estado en un informe preceptivo pero no vinculante, lo cual no ha evitado que el Tribunal de Cuentas le reclame a la Ciudad Autónoma 2,5 millones de euros por la "aplicación incorrecta!" de esos incentivos, según ha explicado la consejera de Administración Pública, Marta Fernández de Castro.
La idea del Gobierno es, no obstante, regular convenientemente esas productividades mientras culpa al anterior equipo de CpM-PSOE de "haber metido el problema en un cajón" y recuerda que el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo en España. "Nos ponemos a trabajar por y para que los empleados públicos puedan cobrar esos complementos que se les deben", manifestó.
Ingenuos. Se creyeron las pantomimas de Imbroda y sus secuaces en la campaña electoral. Disfruten lo votado que los asesores del gobierno ya llevan haciéndolo año y medio.