Todo indica que el Gobierno va a ceder finalmente la recaudación y la liquidación de los impuestos al Govern catalán a cambio del voto favorable de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la investidura del socialista y ex ministro de Sanidad Salvador Illa al frente de la Generalitat.
La diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo, criticó este lunes al PSOE por “ir más allá en la ruptura de igualdad entre españoles y los privilegios a unos pocos para comprar sillones” y añadió que “la redistribución de la riqueza entre españoles es para el socialismo una mera quimera”.
También les recriminó la diputada a los socialistas su “falta de respeto” a la ley y a la Constitución, ya que la cesión va en contra del espíritu solidario que se recoge en la Carta Magna y que debería reinar entre todas las autonomías.
Cataluña recibe 3.015 euros por habitante, por encima de la media en España (2.963 euros), por lo que no está infrafinanciada –aunque es cierto que la región aporta 2.100 millones más de los que recibe, según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada- y es la segunda autonomía con mayor producto interior bruto (PIB), sólo por detrás de la Comunidad de Madrid.
Así que el partido independentista está siendo tremendamente egoísta con esta exigencia, que claramente va a perjudicar, como también apuntó Acedo, a las autonomías con menor poder adquisitivo, entre las cuales se encuentra Melilla.
Como se suele decir, el tiempo dará o quitará razones y se verá si ha sido un bien movimiento o no por parte del Ejecutivo. El problema es que, si este Gobierno o los que vengan después quisieran retroceder, lo va a tener bastante más complicado para retirar las competencias, porque habitualmente estas se van delegando a las autonomías y no sucede al revés, que se devuelvan al Estado. Sería un caso bastante raro.
Y todo esto sucede mientras el ex presidente de la Generalitat que empezó todo este lío convocando un referéndum de independencia a todas luces ilegal, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde hace años, está pensando en regresar para la investidura. Aquí cabe recordar que, el día 1 de julio de este año, el Tribunal Supremo declaró que el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procès no está amnistiado, por lo que los expertos avisan de que se le podría detener. Luego ya habría que ver si entraría en prisión o se le aplicarían medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, pero, si ya una vez logró escapar, según se cuenta –aunque él lo haya desmentido-, en el maletero de un coche, nadie garantiza que no pudiera volver a pasar.
Lo que resulta evidente es que no tiene mucho sentido que las comunidades más ricas sigan enriqueciéndose y no contribuyan al desarrollo de las demás. No cuadra mucho salvo para los independentistas, claro, que son precisamente quienes no quieren pertenecer a España. Quizás el PSOE debería hacérselo mirar, pero la Presidencia de la Generalitat es muy golosa.
