El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) las dos devoluciones en calientes por las que España fue condenada. Lo hace a pesar de que su intención es acabar con estas prácticas, impulsadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy bajo el respaldo de una disposición de la Ley Mordaza ante la que los socialistas presentaron un recurso de inconstitucionalidad cuando estaban en la oposición.
Según el escrito remitido a la Corte de Estrasburgo, a la que ha tenido acceso el diario El País, la Abogacía del Estado intenta sostener la legalidad de estas acciones, en la línea del discurso en las últimas semanas de Fernando Grande-Marlaska. El ministro de Interior ha insistido en varias ocasiones en que los inmigrantes devueltos en el salto masivo a la valla de Ceuta -imágenes grabadas y difundidas por este medio- no habían pisado aún suelo español.
En el texto usa argumentos ya esgrimidos en el recurso anterior del PP, como que los dos inmigrantes que fueron devueltos a Marruecos el pasado 13 de agosto de 2014 en la valla de Melilla y por los que España fue condenada formaron parte de un "ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo" que fue “contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
Además, se pone en duda los testimonios de los subsaharianos -a los que España fue condenada a indemnizar, a la espera de la resolución del recurso, con 5.000 euros a cada uno-, que denunciaron a través de varias ONGs. De esta forma, ambos ejecutivos, socialista y popular, han argumentado que los africanos mentían, poniendo en duda su participación en el salto a la valla de Melilla del 13 de agosto de 2014, ya que cuando consiguieron cruzar la frontera meses más tarde no denunciaron de forma inmediata la devolución en caliente.
De hecho, España aporta a Bruselas grabaciones policiales de los minutos posteriores al pase y reniega del concepto "expulsión", alegando una "prevención de entrada". En el texto, se insiste en que los denunciantes “no lograron superar la línea policial” y, por tanto, no entraron “en la jurisdicción española”.
La posibilidad de pedir asilo en otros países
Otro de los argumentos que utiliza el Gobierno de Sánchez para defenderse vuelve a ser la posibilidad de pedir asilo en las oficinas consulares de España en países africanos antes de cruzar la valla de Melilla. Los subsaharianos llevaban más de un año en Marruecos y, según el escrito, España considera que podrían haber optado por esta opción, recordando que entre 2015 y 2017 sus consulados en Bamako (Mali) y Abiyán (Costa de Marfil) tramitaron 65 visados de trabajo y que en los propios puestos fronterizos de Melilla se concedió la condición de asilados a 6.873 ciudadanos extranjeros.
En el recurso se concluye que el estatuto de asiliado en España y Europa no es de aplicación, ya que los subsaharianos estaban en "un país seguro" antes de pasar a España, en referencia a Marruecos.
El escrito evita citar la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno del PP, a la que el PSOE hizo una férrea oposición. Conocida popularmente como Mordaza, los socialistas llegaron a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante varios artículos de la misma, entre ellos la disposición que a día de hoy es la principal base jurídica de estas devoluciones en caliente.
Tal y como anunció Marlaska, ahora queda esperar al fallo definitivo, previsto para septiembre, antes de tomar una decisión sobre estas prácticas. Todo ello, a pesar de que en junio, días después de la promesa de Pedro Sánchez de acabar con las devoluciones en calientes si llegaba al Gobierno, se valoró retirar dicho recurso.
