El Foro Judicial Independiente, una de las organizaciones favorable a la huelga en el sector, asegura que el Gobierno “no ha dejado otra salida” a los jueces que plantear movilizaciones para conseguir las mejoras laborales y salariales que vienen reclamando desde hace más de un año.
El máximo responsable de esta organización, el magistrado Fernando Germán Portillo, explicó al respecto que en octubre pasado debió celebrarse una reunión de la mesa de retribuciones. De hecho, se llegó a convocar a los representantes de los jueces para negociar la subida de sueldo pero tres días después de llamarlos, desconvocaron la cita porque “Hacienda se negó a sentarse”.
“Entendemos que la subida en principio es total y absolutamente necesaria e imprescindible”, recalcó Portillo.
En su opinión, al Gobierno no le sirven “el trabajo serio, la responsabilidad institucional y la lealtad negociadora de la que siempre hemos hecho gala”. En consecuencia, las organizaciones judiciales mayoritarias han optado por plantear una huelga indefinida a partir del día 16 de mayo.
Utilizar medidas de presión como los paros es lo que, según dijo, ha funcionado en Justicia para alcanzar los objetivos del personal. Se refería con ello a la huelga de dos meses de los letrados judiciales, que permitió desbloquear la situación y obtener una subida salarial mensual de 450 euros.
“La huelga de otros trabajadores de la Administración de Justicia nos ha demostrado que es la forma para poder sentarse con Hacienda y alcanzar la subida salarial. Parece que no nos dejan otro camino”, recalcó.
Fernando Germán Portillo aseguró que los jueces “no queremos la huelga”. Es más, aseguró que “les duele” el perjuicio que se pueda ocasionar a los ciudadanos. “Somos una profesión enteramente vocacional y nos duele el perjuicio que le vamos a ocasionar a los ciudadanos pero está en las manos del Ejecutivo y no nuestras evitar precisamente esos perjuicios”.
La organización que lidera a nivel nacional entiende que las movilizaciones son la única manera de pedir mejoras. “Después de un año y medio trabajando, queda demostrado que para pedir mejoras hay que amenazar con una huelga indefinida. Y en eso estamos. Confiemos en que finalmente no tengan que materializarse las movilizaciones pero como ya he dicho, no depende de nosotros sino del Gobierno”.
El magistrado Portillo quiso aclarar que la coincidencia de la huelga con el período electoral “no es nuestra culpa”. “Nosotros habríamos querido que esto se solucionara el año pasado por el mes de octubre pero no ha sido hasta el 3 de mayo cuando el Ministerio ha decidido convocarnos a la mesa de retribuciones”.
El juez tiene claro que el Gobierno podía haber elegido cualquier otro mes antes de las elecciones pero no lo ha hecho. “Si estamos en esta situación es porque ellos han decidido que sea así”, resaltó para resaltar que, en cualquier caso, las juntas electorales funcionaran a pleno rendimiento.
“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque lo que es seguro es que las elecciones no se van a ver alteradas por una huelga de jueces. Habrá servicios mínimos y seguiremos atendiendo la junta electoral para el buen desarrollo del proceso”, concluyó.
