El Defensor del Pueblo inició por tercera vez actuaciones ante la situación de las 41 personas que llegaron este sábado a la isla de Tierra, en la bahía de Alhucemas. La organización Coordinadora de Barrios informó sobre el suceso a la institución y esta admitió la queja. Así pues, el Defensor ha iniciado actuaciones con la Delegación del Gobierno en Melilla.
Fuentes del Defensor consultadas por El Faro señalaron que esta es la tercera actuación que inician de este tipo, subrayando que en el último informe del 2020 hace referencia a dos devoluciones desde las islas Chafarinas.
“Han concluido con diferencia de criterio las dos actuaciones abiertas, una el 28 de diciembre de 2019 y otra en los primeros días de 2020, en relación con dos grupos de personas, la mayoría mujeres y niñas, que se encontraban en las islas Chafarinas. En estas dos ocasiones todas las personas rescatadas fueron entregadas a Marruecos”, indican en el informe.
Recalcan que “el Defensor del Pueblo no comparte la interpretación que realiza la Guardia Civil que considera que, conforme a la legislación de derecho marítimo internacional, la arribada de personas en peligro en el mar a una isla deshabitada y aislada hace que tengan la consideración de náufragos y sean activados los protocolos para avisar a las autoridades responsables de esa zona SAR, que en este caso eran las autoridades marroquíes. Se dio traslado de la preocupación de esta institución a la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha indicado que mantiene el mismo criterio sostenido por la Guardia Civil. Considera que las autoridades competentes para estos rescates son las autoridades marroquíes”.
En el informe expresan que, una vez más, el argumento utilizado por la Administración para justificar este tipo de actuaciones se centra en la lucha contra las mafias y la prevención del llamado «efecto llamada». “Así se argumenta que, desde hace tiempo, las redes de tráfico de personas han estado utilizando las islas Chafarinas como vía de entrada irregular en España. Se expone que se ha detectado que los traficantes de personas ponen en riesgo físico a los inmigrantes, llegando a fallecer una mujer en la isla del Congreso debido a las malas condiciones de acceso a las mismas”, enfatizan.
Por los argumentos anteriores, señalan que se ha considerado “que debe primar la rapidez en el rescate de las mismas sobre otros factores, para evitar la pérdida de vidas humanas en el mar y conseguir que estas personas sean trasladadas al puerto seguro más cercano”.
Apuntan a que “el Defensor del Pueblo no puede compartir la anterior argumentación y ha de llamar la atención acerca de la importancia de mantener las garantías jurídicas que otorga la legislación internacional de extranjería, con especial atención al Convenio de Ginebra sobre los refugiados, en las actuaciones de rescate que se llevan a cabo en la zona costera de Ceuta y Melilla”.
En el mensaje enviado a la Coordinadora de Barrios, el Defensor expresa que, a juicio de la institución, la cuestión se centra en que la devolución expeditiva de los inmigrantes no respeta la legislación en materia de extranjería y del Convenio de Ginebra sobre los refugiados. Además, reitera su preocupación por unas actuaciones de la Administración que impiden identificar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables, máxime en territorio bajo soberanía española.
Desde luego, como no espabilemos , vamos a trabajar una media de 45 o 50 años para mantener a toda éstas personas, y veremos que jubilación nos queda.
¡Vaya un país de tontos que somos!