Hace unos días echábamos en falta desde esta columna la falta de iniciativas económicas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un día después, el presidente anunció la mayor inversión en la historia de la democracia, que alcanza los 200.000 millones de euros. Decir que no estamos satisfechos con la iniciativa sería ingrato. Está bien y estaría mejor si en su redacción se hubiera pensado más en los trabajadores autónomos, que son los que sostienen la clase media española.
Pero el paquete de medidas económicas del presidente dejó en un principio desamparados a gran parte de los pequeños empresarios que han tenido que bajar la persiana tras decretarse el estado de alarma como medida para contener el avance del coronavirus. Los mismos que ni siquiera saben si el 11 de abril se levantará finalmente el confinamiento y podrán volver a sus negocios. No para seguir con su día a día en el punto donde lo dejaron sino para revisar todas las facturas acumuladas en este tiempo de ‘impasse’. Para muchos esta crisis será letal. Le da la puntilla a una situación que hace unos años, al menos en esta ciudad, era preocupante. Ahora es una emergencia.
Entiendo que Pedro y Sánchez y Pablo Iglesias dan por hecho que los autónomos no son sus votantes. Así que les recomiendan, de alguna manera, que se apañen con los dos meses de aplazamiento del pago de hipotecas y de facturas de agua y luz, que el Gobierno ha anunciado para todas las víctimas colaterales del coronavirus.
Sin embargo, hace tres o cuatro días leímos la rectificación anunciada por Lorenzo Amor, presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que avanzó la flexibilización de las condiciones de acceso con que hoy los autónomos cobran la prestación por cese de actividad. A partir de ahora, según dijo, podrán solicitarla a su mutua con una declaración jurada.
La realidad es que los autónomos siguen siendo los grandes perdedores de las crisis. Hoy hablamos de la del coronavirus, pero en 2008 fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Después no nos explicamos por qué se disparan en toda España los expedientes de regulación de empleo. En mi opinión, éste no es el momento de demonizar a los empresarios. Nadie quiere reducir lo ampliado y dar marcha atrás a su negocio sólo por miedo al futuro. Cuando un empresario echa mano a la tijera es porque intenta salvar lo que se pueda salvar.
No es por ser alarmista pero ésta es la primera señal de que nos esperan más nubarrones. Puede que en Madrid o Cataluña no dé tanto miedo. En Melilla da pánico. Si los emprendedores echan el freno de mano es porque se temen que el paro recortará el consumo y si la gente no compra, el dinero no circula no porque no quiera, sino porque de dónde no hay no se saca. Es así de simple.
En todo caso, hay que reconocer que Sánchez e Iglesias han reaccionado a tiempo, al movilizar un volumen de dinero inédito en democracia. Me gusta especialmente que hayan combinado la aportación estatal (117.000 millones) con la privada. Pienso, a bote pronto, en los bancos. Todos los españoles los rescatamos cuando estaban con el agua al cuello y nos han devuelto el favor incrementándonos las comisiones. Nos cobran hasta por respirar. Nos están sangrando y más les vale que nos echen una mano en estos momentos, porque podrán preservar su patrimonio, pero la responsabilidad social corporativa la tienen en terapia intensiva.
Me gusta también que del dinero movilizado por el Gobierno, 100.000 millones se vayan a destinar a la concesión de avales públicos a las empresas, que se concederán a través del Instituto de Crédito Oficial. La pregunta del millón es cómo y quiénes podrán acceder a ellos.
En temas de política social, el Gobierno ha destinado también 25 millones para garantizar las becas de comedor durante el tiempo que dure el estado de alarma. Además hay 300 millones de euros que se distribuirán entre las comunidades autónomas para atender a personas mayores y personas sin hogar, pero que se repartirán según criterios de población, dispersión, grandes urbes o número de personas dependientes. La fórmula no ha contentado a todos. Personalmente creo que lo ideal, al hablarse de reforzar servicios sociales, habría sido en este caso, repartir el dinero teniendo en cuenta la tasa de pobreza y no la de población. Eso significa que nos va a tocar nada y menos pese a que tenemos más personas vulnerables por kilómetro cuadrado que cualquier otro punto de España.
En definitiva, me gusta la música de las medidas de Pedro Sánchez, pero estoy expectante, como muchos españoles, esperando a leerme la letra pequeña. No obstante, tengo que confesar que esta iniciativa, mucho más ambiciosa, se me da un aire al famoso Plan E que Zapatero lanzó nada más estallar la burbuja inmobiliaria y que al final lo único que hizo fue aplazar la catástrofe.
De momento, si algo nos ha regalado el coronavirus es la unidad de los partidos políticos. No hemos visto rifirrafes en el Congreso. Todos están por la labor de remar en la misma dirección y eso es bueno para España y para que los españoles recobremos la confianza en nuestros políticos. Pero como soy una descreída no me creo las buenas palabras. El movimiento se demuestra andando. Veremos a ver si los 200.000 millones se hacen notar cuando pase “el bicho”.
