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Sergio Rodríguez, responsable de Policía Judicial, asegura que los 4 letrados contratados por Garbín, tenían vacaciones y un sueldo fijo. Afirma que hubo “poca colaboración”por parte de la Administración local
Después de que el pasado viernes se escucharan los primeros testimonios de testigos, ayer declararon otros tres más en el ‘caso Abogados’, en el que se acusa a María Antonia Garbín, quien fuera consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015, de la supuesta contratación irregular de cuatro letrado externos a la Administración local. Junto a Garbín hay otros 12 inculpados. El primero en declarar fue Sergio Rodríguez, jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Melilla (UOPJ). Afirmó que “hubo un uso abusivo de contratación menor, que no se correspondía con la legislación”.
Los cuatro abogados firmaron 91 contratos, todos ellos de entre cuatro y seis meses de duración. Tanto la Fiscalía como la Asociación Libre de Abogados (ALA), que ejerce de acusación popular en este proceso, sospechan que Bienestar Social no formalizaba contratos de un año o más de duración para evitar que se abriera un procedimiento público al que podrían concurrir otros juristas y, de esa forma, emplear siempre a los mismos letrados.
Objetivo de la investigación
Rodríguez explicó que el objetivo de la investigación estaba en determinar cuántos letrados externos a la Administración local trabajaban para la misma. De ahí que solicitara a la Ciudad Autónoma información sobre los contratos vigentes. “Al principio se nos remiten unos expedientes de contratación que no son contratos como tal”, apuntó. “No se indicó que había abogados externos, simplemente se informa de que hay cuatro contratos”, continuó.
El segundo guardia civil, que formó parte de la investigación, puntualizó que se enteraron de que la Consejería de Bienestar Social contaba con cuatro letrados externos cuando tomaron declaración al servicio jurídico de la Ciudad Autónoma. Pero no fue hasta la presentación de un mandamiento judicial cuando recibieron toda la documentación solicitada. En ese sentido, Rodríguez lamentó que hubo “poca colaboración” de la Administración local.
Ahí fue cuando detectaron que existió “un fraccionamiento de contratos”. “Se podía haber hecho un concurso en el que un bufete hubiese pujado por una cifra (menor que el de los contratos menores) para así ahorrar dinero público”, aseveró Rodríguez.
Tanto el responsable de la Unidad Judicial de Policía, como el guardia civil, manifestaron que el jefe de los servicios jurídicos les indicó que cada año se aprobaban la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y los presupuestos de la Ciudad, por lo que desde la Consejería de Bienestar Social debían tener constancia de que no se iban a cubrir las plazas.
Un hecho que contrasta con el argumento de María Antonia Garbín y los demás funcionarios inculpados en el caso, ya que explicaron que la formalización de contratos de entre cuatro y seis meses se debía a que estaban a la espera de que el Gobierno local crease plazas de funcionario que cubrieran específicamente las funciones que desempeñaban los letrados.
Rodríguez reconoció que antes de que Garbín estuviese al frente de Bienestar Social, ya se seguía este “sistema” de contratación.
Negociado sin publicidad
Fue en el año 2014 cuando se sacó el negociado sin publicidad. No obstante, los guardias civiles apuntaron que los requisitos que se pedían para conseguir la oferta, las podían “cumplir pocos abogados”. “Debían haber estado al menos 10 años ejerciendo y haber trabajado cinco años para la Administración pública”, detalló Rodríguez. Para comprobar qué número de letrados podría presentar las competencias que se exigían, solicitaron al Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME) que le informase sobre la solvencia técnica de los colegiados. Sin embargo, el Ilustre Colegio de Abogados respondió que no podía conocer la trayectoria de más de 300 letrados. Además, lo comunicó una vez que se había concluido el informe policial.
Por su parte, Rodríguez dijo que desconocía cuántos se presentaron finalmente a los puestos ofertados.
Dietas y vacaciones
Los dos agentes subrayaron que los abogados contratados por Bienestar Social cobraban dietas por sus desplazamientos fuera de la ciudad, a pesar de no haber presentado facturas. “Se les trataba como funcionarios A2, en lugar de autónomos”, manifestó el guardia civil. Por ello, en el segundo informe señalamos al interventor”, argumentó.
Según los agentes, los letrados cobraban mensualmente una cantidad fija (entre 2.000 y 2.500 euros), tenían un despacho en la Consejería y cogían 22 días de vacaciones, turnándose y facturando ese mes.
El responsable de la investigación dijo que les llamó la atención que se abonasen viajes para su formación cuando no se sabía si iban a seguir trabajando para la Ciudad Autónoma.
