La plantilla del servicio de ayuda a domicilio ha vuelto a salir a la calle para defender sus puestos de trabajo. Esta vez la concentración reivindicativa, promovida por la UGT, tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno, de la que depende el Imserso, organismo responsable de llegar a un acuerdo con la Ciudad Autónoma para poder llevar a cabo una "delegación de competencias" que le permita sacar un nuevo concurso para contratar a la empresa que se hará cargo del servicio en los próximos años.
Juan Cañada, del Comité de Empresa de la actual prestataria de los trabajos, manifestó que fue este jueves cuando llegó de Madrid un borrador del posible acuerdo con la Ciudad Autónoma, que ahora debe ser revisado por los técnicos correspondientes. En definitiva, manifestó que siguen a la espera de que se dé una solución a esta situación de prórroga "y digan qué es lo que pasa".
"El expediente administrativo de la delegación de competencias sigue en trámite y hasta que no se publique en el BOE no estará en vigor. Eso es lo que autoriza a la Ciudad Autónoma a sacar el contrato mayor del servicio de ayuda a domicilio. Hasta que esa delegación de competencia no se apruebe y publique, no se puede ni prorrogar el contrato actual ni sacar uno nuevo", explicó.
En definitiva, señaló que la plantilla "se queda en la calle" porque la prórroga acaba el 26 de marzo próximo. Se trata de 70 familias trabajadoras y 200 usuarios que se verán sin el servicio que, en algunos casos, es básico para esas personas de edad. "Se trata de ayudar a los abuelos que están solos. Les hacemos la limpieza, tiramos la basura, los acompañamos, el aseo, cambio de pañales, medicación, llevarlos al médico...", son parte de las tareas que realizan estas trabajadoras.
En ese sentido, los representantes sindicales de la plantilla han dejado claro que son muchos los mayores que no pueden tener una ayuda de sus familiares "y lo hacemos nosotros". No en vano, una de las usuarias, de nombre Ana, ha participado en la protesta y ha dejado de manifiesto que este servicio "es muy necesario" para ellos. "Vienen a bañarme, me dan de comer, me ayudan mucho y quiero que esto se arregle", manifestó.
Ana entiende que "no todo son los ordenadores, los papeles, las mesas y los escritorios, es el día a día con las personas". Esta usuaria pidió que las trabajadoras "se queden, tienen derecho a eso, son muy buenas trabajadoras, muy buenas niñas", proclamó para insistir en que estas personas "podrían ser los abuelos de los consejeros, de todos los gobernantes. Lo único bueno que hace el Gobierno, el único dinero bueno de verdad y del que hemos estado orgullosos, es del que se dedica a los abuelos".
Por su parte, el secretario de Organización de UGT-Servicios Públicos quiso recordar que en Ceuta ya está todo el tema solucionado y que en Melilla hace un año, al menos, que debía de haberse resuelto esta situación. "Para resolver el problema faltan ocho o nueve meses todavía, el contrato de emergencia termina el 26 de marzo y la plantilla está muy preocupada".
Con un contrato de emergencia, resaltó el dirigente ugetista, se mantiene una reducción al 50% de los servicios, tanto en personal como en servicio a los usuarios. "No podemos abandonarlos. Las administraciones deben llegar a un acuerdo lo antes posible y agilizar los trámites", concluyó.
