El artículo de uno de los padres de los Estatutos de Autónomía de Melilla y Ceuta, Adolfo Hernández Lafuente, es perfectamente esclarecedor y muy crítico con la sentencia realizada, en casación, por el Tribunal Supremo. La decisión del TS de que las dos ciudades no pueden disponer de consejeros y viceconsejeros no electos supone una decisión que, sin duda, debe hacer reaccionar a la clase política de las dos ciudades.
Aparte del estudio técnico jurídico realizado por Hernández Lafuente, comparando aspectos de la sentencia con determinados artículos del Estatuto de Autonomía, además de las propias referencias a la Constitución Española, se pasa en su tramo final a un análisis ya más político. Un análisis que viene, desde mi punto de vista, a dar un tirón de orejas a la clase política, pero no solamente a la actual, sino a la que hemos tenido desde el año 1995, fecha de entrada de los dos estatutos, porque no se han preocupado para nada de la autonomía salvo para lo que les ha venido bien de cara a sus propios intereses.
En definitiva, nunca se ha considerado a los Estatutos de Autonomía como un cuestión que afecta a todas las fuerzas políticas. Y como afecta a todos queda muy claro que cualquier decisión en relación con el mismo debía haber sido tratada con acuerdos profundo y tangibles.
Al PP, a pesar de haber contando con mayoría absoluta en determinados momentos, nunca le interesó profundizar en las posibilidades que ofrecía el Estatuto de Autonomía. Ni siquiera en plantear el arma de las iniciativas legislativas. Nada más que una se llevó al Congreso de los Diputados, a mediados de la década pasada, en relación con las bonificaciones de las empresas a la Seguridad Social. Entre unos y otros y la casa sin barrer. Por su lado, los socialistas que fueron quienes de verdad inventaron el estatuto de ciudad autónoma y al PP no le quedó más remedio que asumirlo si quería que, de alguna manera, se cerrara el mapa autonómico español, con todos sus defectos y virtudes, no han tenido mando ni en una ni en otra ciudad, de verdad, para plantear algo, pero entiendo que tampoco lo hubieran hecho. Y la fiebre localista, de la década de los noventa, en el caso de Melilla terminó fundiéndose en el Partido Popular con su total desaparición como fuerza política.
Lo que no es de recibo y es una apreciación que ya he realizado a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo es que seamos autonomistas o no autonomistas en función de los intereses que mejor nos convengan. Que los órganos autonómicos de Melilla no tengan una capacidad de autoorganización en algo tan simple como es la potestad del presidente de la Ciudad de nombrar a sus más cercanos colaboradores en el Consejo de Gobierno es una dejación que al final ha traído las consecuencias que ha traído. Porque se ha defendido esta postura cuando se ha estado en el Gobierno y se ha atacado cuando se ha estado en la oposición. Y ahí entran todos y no se salva ninguno.
Al final va a ser verdad que si algunos de quienes se partieron la cara por defender la autonomía plena de Melilla y Ceuta levantaran la cabeza y vieran como se está comportando la clase política correrían a gorrazos a muchos de ellos y con toda la prisa del mundo.
