El melillense acusado de agresión sexual en el caso de las niñas tuteladas por el Gobierno de Baleares que habían sido prostituidas, ha quedado libre de cualquier sospecha después de que se haya archivado la causa abierta contra él.
El suceso saltó en enero de 2020 en Mallorca por la denuncia de una niña tutelada, que denunció la violación grupal sufrida durante la Nochebuena anterior en las viviendas de Corea –en el palmesano barrio de Camp Redó– y se destapó lo que algunos llevaban años tapando. La menor, de sólo 13 años, explicó a la Policía que existía un grupo que reclutaba a niñas y jóvenes tuteladas para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de droga y dinero.
La revelación solo sorprendió a unos pocos. Para otros, dicen, lo que la niña acababa de denunciar era un secreto a voces. La situación era conocida por policías, por los trabajadores de los centros de menores en los que residían estas niñas y que incluso se había plasmado en informes internos de los que el propio IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials) – que ostentaba su tutela– tenía conocimiento. Esa explotación, esa prostitución, decían algunos educadores, había llegado a ser “extendida y generalizada”, pero nadie le había puesto fin pese a que llevaban tres años denunciándola.
La noticia tardó poco en convertirse en un escándalo que sacudió primero a la sociedad y luego a la esfera política mallorquina. No se trataba de acusaciones abstractas, sino que hablaban de un modus operandi y de unos espacios concretos: las menores eran captadas por sus compañeras –muchas extuteladas, se escapaban de los centros de acogida y se reunían en la Plaza España o la estación Intermodal para luego ser prostituidas en hoteles, bares, barcos atracados en pleno Paseo Marítimo o pisos situados en barriadas como Son Gotleu o Camp Redó, de la ciudad mallorquina. Para esclarecer los hechos, incluso, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajó a Palma de Mallorca, para "analizar varias denuncias sobre estos supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la administración balear", según explicó la institución comunitaria en un comunicado.
Una vez judicializado el asunto, se obtuvo numerosa información relevante para la investigación, toda vez que la menor vinculada con el ciudadano melillense, portaba teléfonos de alta gama y los mismos fueron “clonados y analizados” previa autorización judicial. Uno de los episodios sexuales situaba como sospechoso a un ciudadano melillense detenido por UFAM–Melilla el pasado 19 de mayo de 2023, acusado de un delito de agresión sexual, inducción a la prostitución y corrupción de menores, pasando a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Melilla, quién tras acordar su libertad provisional con medidas cautelares, se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción Nº4 de Palma de Mallorca, a cuenta de quién corría toda la investigación judicial y ordenó la detención del ciudadano en Melilla.
Un móvil, la clave
Una vez el investigado prestó declaración ante el Juzgado mallorquín, debía dilucidarse la procedencia de acordar el volcado y análisis del teléfono móvil que portaba el detenido al momento de su detención por UFAM–Melilla, a lo que el penalista almeriense Jose Miguel Ramos, -a quién el detenido encargó su defensa-, se opuso “en rotundo”.
Ramos, en un extenso escrito, advirtió el “clamor” de que la fuerza policial actuante conociese el ”pin” de desbloqueo del terminal telefónico cuando su representado “había optado por acogerse a su Derecho constitucional a no declarar en sede policial” y que, tras la correspondiente acta de desprecinto del terminal por parte del Juzgado mallorquín “la clave de acceso se encontraba manuscrita en un papel anexado al terminal” y que su cliente “jamás la facilitó” o al menos “debidamente asesorado”. El conocido penalista interesó que “de forma previa y urgente se procediera a realizar un informe pericial para determinar el uso o acceso que hubiera podido tener el terminal intervenido”, en aras de garantizar la cadena de custodia del mismo, advirtiendo que se trataba de un hecho “poderosamente llamativo” y que, en palabras de Ramos, “sin lugar a duda alguna” daría lugar a la “nulidad” absoluta del procedimiento “por haberse obtenido prueba ilícita mediando para ello una flagrante e insostenible vulneración de derechos fundamentales”.
Finalmente, tras no practicarse el volcado del terminal telefónico, el Juzgado de Instrucción Nº4 de Palma de Mallorca, acordó el pasado 12 de julio de 2023 el sobreseimiento y archivo de la causa, al no estar debidamente justificada la perpetración del delito, a la vista de la declaración de la propia víctima y la prestada por el investigado. La resolución del Juzgado Balear, que ya ha devenido firme, acuerda de igual modo el “cese inmediato” de las medidas cautelares que pesaban sobre el investigado.
