El Sindicato Independiente de Profesionales de la Enseñanza Pública (ANPE) le ha exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a las Comunidades Autónomas, que desarrollen la Disposición Adicional Séptima de la nueva ley educativa (LOMLOE), que comprende la creación de una Ley de la Profesión Docente y un Estatuto de la Función Pública Docente.
Al solicitar un compromiso firme y decidido con la Enseñanza Pública y su profesorado, el sindicato ha recordado la necesidad de una normativa que regule los derechos y los deberes, un código deontológico de la profesión docente, la formación inicial y los requisitos mínimos para impartir docencia.
También ha considerado fundamental un estatuto que regule desde el acceso a la condición de funcionario docente hasta un modelo de jubilación anticipada. Estableciendo una carrera profesional y la equiparación de las condiciones laborales del profesorado en todas las CCAA, reforzando el carácter estatal de los cuerpos docentes.
Para ANPE, la normativa debe fijar y recoger entre sus medidas, "retribuciones y equiparación salarial", ya que "los docentes somos un cuerpo estatal y no cabe discriminación salarial ni diferencias en la retribución por las funciones que realizamos en las distintas Comunidades Autónomas". "Es imprescindible también, y ahora más necesario que nunca, establecer una cláusula de revisión salarial en función del IPC, y así evitar la pérdida de poder adquisitivo", ha ampliado.
Asimismo, ha abogado por un horario lectivo del profesorado máximo para todo el Estado, "de tal manera que no pueda superar las 23 horas lectivas para las enseñanzas de Infantil y Primaria, y de 18 horas lectivas para el resto de enseñanzas"; así como "evitar grandes diferencias" entre Comunidades Autónomas.
Por otra parte, ha respaldado una necesaria reducción del número máximo de alumnos por aula en todas las enseñanzas: máximo de 15 alumnos en 3 años y 18 alumnos en 4 y 5 años, 20 alumnos en Primaria, 25 alumnos en Secundaria y Bachillerato, y una reducción de un 20% en el resto de las enseñanzas.
En cuanto a los cuerpos docentes, ANPE ha demandado la inclusión de todos los docentes, con titulación universitaria, en el grupo funcionarial A1, "manteniendo los cuerpos docentes y estableciendo mecanismos de equiparación salarial".
Igualmente, se ha referido a la conciliación familiar y laboral del profesorado, por lo cual han pedido "una equiparación de los permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado", "además de acabar con la discriminación existente con otros empleados públicos".
También han exigido "el establecimiento de ayudas sociales para el profesorado como matrícula gratuita en la Universidad y en los centros de régimen especial, ayudas de guardería, comedor y de estudios para nuestros hijos, etc."; y "la formación inicial y permanente del profesorado", así como "requisitos para impartir docencias similares en todos los cuerpos docentes que permita la integración de todos ellos en el más alto grado funcionarial".
Respecto a la formación permanente del profesorado, ANPE ha dicho que debe ser gratuita y en horario lectivo, a lo que ha añadido, en torno a los interinos, que es necesario "dar estabilidad a las plantillas de los centros a través de amplias ofertas de empleo público".
A su vez, para ANPE, "hay que cambiar el actual sistema de concurso-oposición por otro más objetivo, con temarios oficiales con contenido y pruebas más objetivas". "Con una valoración de la experiencia docente hasta el máximo permitido por la legalidad y eximir de la fase de prácticas a aquellos docentes que ya han desempeñado su labor docente como interinos durante un tiempo mínimo", ha detallado.
Sobre la movilidad del profesorado, además de las convocatorias de Concurso General de Traslados de carácter estatal, ANPE aspira a que "se regulen convocatorias de comisiones de servicio, válidas para todo el territorio nacional y de 'concursillo'".
Por otro lado, ha explicado que "es imprescindible regular una carrera profesional, con reconocimiento económico y administrativo, basada en criterios objetivos", y potenciar la convocatoria en todas las comunidades autónomas de plazas de acceso a cátedras hasta llegar al 30% de la plantilla. "Es imprescindible también fijar un modelo de jubilación anticipada con carácter específico a nuestro sector y asegurar su continuidad", ha agregado.
A la vez, desde el sindicato han abogado por un "plan de mejora de la convivencia" en los centros, que sirva de marco para todas las autonomías, además de "una normativa nacional con rango de Ley que desarrolle el reconocimiento de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función".
Al hablar del papel de los claustros, ha precisado que "deben recuperar su protagonismo y asumir más competencias en el gobierno y toma de decisiones de los centros educativos, por ejemplo, eligiendo al director".
Por último, ha destacado la urgencia de "reducir drásticamente la burocracia que sufrimos los docentes que no ha parado de aumentar en los últimos años, fundamentalmente en el momento actual con el desarrollo de la LOMLOE, ahora más que nunca es necesario exigir menos burocracia y más docencia".
