El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó ayer su Informe Frontera Sur, titulado ‘Sacar del Laberinto’, un trabajo que analiza el contexto migratorio de la ciudad de Melilla, y en el que llama la atención sobre la “práctica constante”de las devoluciones sumarias.
Según el documento, elaborado por Josep Buades Fuster, 28.572 personas entraron ilegalmente a España en 2017 a través de la Frontera Sur, concepto que SJM emplea para referirse a los puntos de acceso a territorio español de los movimientos migratorios sur-norte que atraviesan el continente africano.
De esas casi 29.000 personas, 681 entraron a España el pasado año por Melilla, donde SJM, una red que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía, identifica seis “laberintos”.
El primero se encuentra en los operativos de control de las fronteras terrestres, especialmente por la “práctica constante” de las devoluciones sumarias, al amparo de la Disposición Adicional Décima de la ley de extranjería. SJM asegura que “urge” la derogación de esa disposición adicional, que ampara, dice, las devoluciones sumarias bajo la denominación “rechazo en frontera en Ceuta y Melilla”.
Cumplir unas condiciones
La organización remarca en su informe que es preciso que la devolución de personas migrantes que hayan accedido ilegalmente al territorio nacional o contraviniendo una prohibición de entrada respete una serie de condiciones.
Identificar a cada persona; verificar sus circunstancias personales (causas de vulnerabilidad, estado de salud, motivos que le impelen a cruzar irregularmente la frontera…) e informarla, siquiera básicamente, sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar protección internacional, sobre la devolución y los recursos de los disponibles contra la misma, son algunas de las condiciones que reclaman.
SJM también llama a proporcionar intérprete, asistencia letrada y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas.
Además, advierte de la “preocupante falta de transparencia y publicidad de los criterios conforme a los cuales se decide autorizar el traslado a la península” de las personas acogidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Un centro en el que las personas migrantes y solicitantes de asilo experimentan durante su estancia problemáticas “muy diversas”, que se intensifican para “todo el mundo” en periodos de sobreocupación. “Se acusa más claramente para las personas cuya estancia se prolonga más allá de uno o dos meses, puesto que las instalaciones y servicios están diseñados para estancias cortas”, señala el informe.
Subraya también que es prioritario identificar perfiles vulnerables para su pronto traslado a recursos adecuados en la península, como familias con niños pequeños, miembros de minorías como la LGTBI o personas convertidas del islam a otra religión.
En cuanto al drama de algunas familias de solicitantes de asilo, que se ven separadas de sus hijos pequeños hasta la comprobación del vínculo paterno-filial, SJM urge a acortar los plazos en los que se entregan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar la relación.
Menores tutelados
La organización también pone el foco en otra de las problemáticas “más sensibles” observada en Melilla, la que afecta a los adolescentes extranjeros no acompañados, a quienes en algunos casos no se les reconoce la condición de menores. En el trabajo, hace hincapié en las trabas que experimentan los menores que, pese a haber estado tutelados, cumplen la mayoría de edad sin su documentación en regla.
‘Sacar del Laberinto’ reflexiona sobre la experiencia personal de SJM en el trato con personas migrantes y refugiadas en la oficina de Melilla, que siente con frecuencia “cómo se ven atrapadas en un laberinto, en parte físico y geográfico, pero también en una maraña normativa y administrativa que frustran la regularización de sus proyectos migratorios”, se explica en el documento.
