EL director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, aseguró ayer que su intención es presentar una querella criminal a través de la Fiscalía General del Estado contra todos los que, a su entender, hayan injuriado a la Benemérita en los últimos días. Se refería a las acusaciones por la intervención de los guardias civiles durante el intento de llegada a nado de numerosos inmigrantes a la costa de Ceuta, unos hechos que se han saldado con la muerte de una docena de subsaharianos.
Sin duda, la decisión del máximo responsable de la Benemérita es una medida que agradecerán los agentes. Hasta ahora han sido éstos los encargados de velar en los tribunales por la imagen del Instituto Armado. Así ha ocurrido, al menos, en Melilla, donde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), además de defender a los agentes contra los abusos laborales que considera que se producen en la institución, también se ha visto obligada a defender a ésta en los tribunales frente organizaciones, asociaciones o particulares que, en su opinión, arremeten injustificadamente contra la imagen de la Benemérita y de sus miembros. La AUGC ha llevado a cabo esta labor con sus propios medios, con sus limitados recursos económicos (en gran parte provenientes de las cuotas que pagan sus afiliados) y ante la despreocupación interesada de los máximos responsables policiales de la institución en nuestra ciudad.
Por otra parte, la Guardia Civil y sus agentes sí han contado con el respaldo de la mayor parte de los representantes políticos, pero éste se ha limitado a un apoyo simbólico y a palabras de reconocimiento que no se han materializado en nada.
Esta situación de ‘abandono’ por parte de los mandos y de los responsables políticos directos ha dado lugar a que en nuestra ciudad cualquiera pueda acusar a los guardias civiles de “salvajes agresiones” y luego salga del juzgado como un héroe tras un juicio en el que dejó mucho que desear la actuación de quienes estaban llamados a defender la imagen de la Benemérita y sus agentes.
En cualquier caso, Fernández de Mesa debe saber que nadie está libre de sentarse en el banquillo de los acusados. Precisamente, uno de sus antecesores en el cargo tuvo el ‘privilegio’ de ocupar uno de ellos. Eran otros tiempos, otras circunstancias y otros hechos que no tienen nada que ver con los que han centrado la polémica en los últimos días en Melilla y Ceuta. Sin embargo, cuando se trata de aclarar aspectos nada claros, todos tenemos la obligación de ofrecer las correspondientes explicaciones ante un juez. Y en el caso de la inmigración, aunque Fernández de Mesa asegura que “no hay nada que esconder”, lo cierto es que los mandos de la Guardia Civil se sienten más cómodos cuanto más lejos ven a los periodistas. Sin duda, esta contradicción da lugar a todo tipo de conjeturas, dudas y sospechas, lo que, por otra parte, no es justificación para lanzar acusaciones infundadas.
