Está acusado de dos delitos de falsedad documental y cohecho, junto a un guardia civil destinado en Málaga entre los años 1999 y 2003. El caso será juzgado por un jurado popular en la Sección 7º de la Audiencia Provincial.
El juicio por el supuesto fraude en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que saltó a los medios de comunicación melillenses en 2003 a raíz de la detención del entonces jefe del área de Industria de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, Ricardo Maldonado, arranca en la mañana de hoy en la sala de vistas de la Sección 7º de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla.
Maldonado y un guardia civil, destinado en el puerto de Málaga entre los años 1999 y 2003, cuando ocurrieron los hechos que se juzgan, se sentarán hoy en el banquillo, acusados de un delito de cohecho y otro continuado de falsedad documental, en el caso del ex responsable de la ITV en Melilla, y únicamente de cohecho para el caso del guardia civil. Ambos supuestamente facilitaban la expedición de los certificados de ITV a vehículos que, en muchos casos, ni siquiera estaban en Melilla y sin pasar las pruebas correspondientes para la obtención del certificado. A cambio recibían cierta cantidad de dinero, según la acusación.
El macrojuicio que comienza hoy, podría durar al menos lo que resta de semana, en turnos de mañana y tarde, a tenor de la gran cantidad de testigos y pruebas documentales, a los que tendrán que estar muy atento el jurado popular que decidirá sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados.
Cerca de un centenar de testigos
En un principio, están citados como testigos cerca de un centenar de personas, pero 43 de ellas ya han fallecido. Hay que tener en cuenta que los hechos que se juzgarán esta semana sucedieron hace más de doce años. Así, se espera la comparecencia de sólo 53 testigos. A ello se sumará la reproducción de las grabaciones de conversaciones telefónicas de los acusados que el jurado tendrá que escuchar. No obstante, de las transcripciones de dichas conversaciones tendrán una copia, para la deliberación final, que se realizará a puerta cerrada.
Los hechos
Maldonado y el agente de la Benemérita, supuestamente, aprovecharon un vacío reglamentario entre los años 1999 y 2003 para facilitar la expedición del certificado de la ITV a vehículos, especialmente, camiones de empresas de transportes entre Melilla y la península, sin necesidad de realizar las pruebas reglamentarias. Además, al ex jefe de Industria se le imputa un delito continuado de falsedad documental, pues supuestamente habría expedido los certificados de la ITV desde su propio domicilio.
En relación al guardia civil imputado, su papel era el de revisar los vehículos que llegaban al puerto de Málaga con destino en Melilla y hacer gestiones para facilitarles la obtención favorable del certificado de la ITV a cambio de una cantidad monetaria.
El ex jefe de Industria de la Ciudad Autónoma se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis años, una multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, según el artículo 390.1 del Código Penal, por un delito de falsificación de documentos públicos.
Por el delito de cohecho al que se acusa a Maldonado y al guardia civil de Málaga como necesario colaborador en la trama, el artículo 419 del Código Penal establece una pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años.
