El consejero de Fomento recuerda que fue el PSOE el que aprobó los polémicos proyectos urbanísticos.
La sentencia sobre las infracciones urbanísticas denunciadas por el Colegio de Arquitectos que ha enfrentado en las últimas semanas a Gobierno y oposición fue motivo de una de las interpelaciones del Grupo Socialista en el pleno de control de ayer en el que el diputado Dionisio Muñoz acusó al Ejecutivo de “regalar” suelo público y “enriquecerse a costa del patrimonio de los ciudadanos”. El consejero de Fomento, Miguel Marín, rechazó en redondo tal acusación y recordó que las denuncias del Colegio de Arquitectos se refieren a proyectos que se aprobaron entre los años 1997 y 1999 con consejeros socialistas. “¿Acusa a sus propios compañeros de irregularidades?”, se preguntó Marín.
El consejero insistió en que la resolución judicial no alude a irregularidad urbanística alguna y aseguró que si el socialista ve tales “ilegalidades”, éstas no se cometieron nunca bajo el Gobierno de Juan José Imbroda. Además, Marín justificó el recurso a dicha sentencia en aras de “defender el interés general de los ciudadanos, el interés particular de los más de 1.000 melillenses que viven en las tres urbanizaciones (Aznalmara, La Quinta y Jardines del Mar) y porque no hay ilegalidad urbanística”.
Por otra parte, Marín aseguró que tras las denuncias de los arquitectos hay “motivos políticos”, pues tales denuncias se interpusieron en 2005, cuando la entidad se creó en el año 2000. “¿Por qué esperaron tanto tiempo?”, se preguntó al tiempo que apostilló que el Colegio interpuso más de 60 denuncias en un principio que luego se quedaron en cuatro.
Una cesión “gratis” e “ilegal”.
Muñoz insistió en que “hay más casos” similares a los denunciados por el Colegio de Arquitectos. El socialista puso de ejemplo una parcela pública ubicada en una urbanización en el barrio de El Real a cuyos vecinos se les cedió el uso del terreno “en precario por tiempo indefinido, cuando Patrimonio dijo que era ilegal”.
El diputado socialista explicó que este asunto se inicia en octubre de 2006 tras una petición de la comunidad de vecinos de que esta parcela les sea cedida para poder limpiarla. El área de Patrimonio rechazó la propuesta de la cesión administrativa al considerarla “imposible”. A pesar de este dictámen, “el Consejo de Gobierno del 8 de marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones concede la cesión gratuita de 180 metros cuadrados de suelo público, en precario y por tiempo indefinido. Solamente un mes después de que Patrimonio dijera que era ilegal”, explicó Muñoz.
El consejero de Fomento acusó al socialista de haber “perdido el juicio” en este asunto y aseguró que la cesión en precario permite a la Ciudad recuperar el terreno, por lo que “no se regala nada. Usted se ha montado una película”, zanjó Marín no sin antes añadir que fueron dos actuales miembros de Populares en Libertad (PPL) los que en 1997 cedieron gratuitamente un espacio verde de 600 metros cuadrados a Gustavo Cabanillas para ubicar allí la sede de la Fundación Gaselec. “Fue bajo el Gobierno de Ignacio Velázquez cuando se hizo la cesión gratuita al número 25 de la lista electoral de PPL”, recalcó.
Vuelta de tuerca al caso Iglesias
El caso Iglesias volvió a relucir ayer, tras una pregunta del diputado socialista, Gregorio Escobar, quien insistió en la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de una vivienda pública a la hija del expresidente de Emvismesa. Escobar se extrañó de que tras la dimisión de Iglesias no se hayan depurado más responsabilidades y que a Marín le hubieran “engañado” en este asunto, pues fue el propio consejero el que aseguró que no se había adjudicado ninguna VPO a ninguna hija de ningún miembro del Gobierno local. Marín corrigió al socialista, pues lo que no se había producido era una venta no una adjudicación y zanjó la polémica argumentando que Iglesias dimitió “por vergüenza política, algo que usted no tiene”.
