Los ugetistas recuerdan que ellos empezaron a defender los intereses de estos trabajadores en 1993 y durante su periplo “nunca” han contado con la colaboración de Comisiones Obreras.
Desde el sector de la Madera, Construcción y Afines (MCA) de la UGT ven con buenos ojos que el Fecoma–CCOO defienda los intereses de los trabajadores transfronterizos, pero no entienden por qué no sumaron fuerzas hace más de 13 años, cuando los ugetistas empezaron su lucha contra la discriminación de este colectivo en solitario. El responsable de la MCA–UGT, Abdeselam Anana, y la secretaria de Organización, Concha López Carrillo, mostraron ayer a El Faro todo el ‘historial’ de la acción sindical que iniciaron en 1993 con una consulta al Ministerio de Hacienda sobre la aplicación de la retención del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF).
Acusaron al Fecoma–CCOO de querer aumentar su afiliación a costa de “prometer imposibles” a los fronterizos. Según dijeron a este diario, los ugetistas han tenido conocimiento que desde Comisiones Obreras estarían “prometiendo” a este colectivo el cobro de los años de cotización a la Seguridad Social, cuando “si un trabajador sea residente o no, extranjero o no, no cumple con los requisitos y los años mínimos de cotización, no tendrá derecho a una pensión”, explicaron Anana y López Carrillo.
Pero además, desde las filas ugetistas se mostraron contrariados por el hecho de que el Fecoma–CCOO haya implicado en esta defensa de los fronterizos a una asociación sindical marroquí, que según sus informaciones, “no ofrecen las garantías suficientes”, apuntó López Carrillo. La responsable ugetista insistió en que la mejor defensa de este colectivo en Melilla es que los dos sindicatos mayoritarios sumen fuerzas para defender unas reivindicaciones que ellos llevan luchando más de trece años.
La lucha sindical, en cinco pilares
La defensa de los derechos de este colectivo durante la última década se ha basado en cinco pilares o líneas de actuación, en las que la MCA–UGT sigue insistiendo para erradicar la “discriminación” que sufren los transfronterizos en diferentes aspectos.
La primera de ellas fue la aplicación del porcentaje máximo de retención del IRPF a los trabajadores transfronterizos, un 25%, que se mantiene actualmente. López Carrillo y Anana lamentaron que, en este terreno, a pesar de las movilizaciones que se realizaron en 1999, no se haya avanzado y el 25% sea hasta ahora “inamovible”. En cambio, “sí conseguimos que el problema fuera visible”, saliendo a la calle e implicando a las fuerzas políticas.
La MCA–UGT de Melilla elaboró entonces un informe en el que se reflejaba toda la problemática de los trabajadores fronterizos en relación a las retenciones de la Renta, la discriminación en la cotización para la prestación del desempleo, la cobertura sanitaria para el colectivo y sus familiares o el no cumplimiento del pago de los salarios mínimos fijados por convenio.
En 2011, el sindicato envió una propuesta al PSOE para la reforma del impuesto del IRPF y un año después al diputado popular por Melilla, Antonio Gutiérrez. Todo ello, contando con el apoyo y la colaboración estrecha de la federación melillense con la UGT en Madrid.
Otra de las líneas de actuación del sindicato ha sido y sigue siendo la falta de reciprocidad en la cobertura y atención sanitaria a los transfronterizos y sus familiares. El acuerdo bilateral entre España y Marruecos, según explicó López Carrillo, establece que la cobertura sanitaria en España se da a estos trabajadores a través de la Seguridad Social y a sus familiares en el sistema sanitario homólogo, pero en territorio marroquí. Sin embargo, la aplicación de este acuerdo sigue siendo desigual.
La tercera línea de actuación de los ugetistas se centró en el año 2007 en la exigencia de que la patronal aplicara el Mínimo Salario Convenio, concretamente a los trabajadores fronterizos del sector de la Construcción. Hasta entonces no se estaban aplicando la tabla de salarios establecida por convenio para este colectivo, lo que suponía un agravio comparativo con los trabajadores que sí son residentes en España.
Para ello, la MCA–UGT envió una solicitud a la Comisión Paritaria del Convenio General del sector de la construcción para aclarar esta cuestión. En 2008 la contestación fue rotunda, la patronal debía aplicar el Mínimo Salario Convenio a los fronterizos en la ciudad de Melilla.
Dos años después, en 2010, los ugetistas decidieron presentar un conflicto colectivo en los juzgados. Obtuvieron la sentencia el pasado octubre de 2012 en la que el juez daba la razón a la UGT, obligando a la patronal a aplicar la tabla de salarios establecidos en el Convenio General del sector de la Construcción. Sin embargo, la patronal ha recurrido esta sentencia y se está a la espera de la resolución judicial final.
Más de trece años en defensa de 5.000 fronterizos y sus familias
Los responsables ugetistas dijeron no entender el creciente “protagonismo” que la Fecoma–CCOO pretende tener en defensa de los intereses de los trabajadores fronterizos de Melilla. Si bien estuvieron de acuerdo en señalar que este colectivo sufre una discriminación con respecto a trabajadore extranjeros que residen en la península e incluso con protugueses, franceses y andorranos, no entienden que ahora el Fecoma–CCOO “se crean los adalides” en la lucha por los derechos de este colectivo. Anana se mostró contrariado pues él ha sido uno de los defensores de estos trabajadores en Melilla y facilitó a El Faro una fotografía de las movilizaciones que se realizaron en 1999 en favor de los fronterizos para que, al menos, “su problemática se visibilizara socialmente”, apostilló López Carrillo. Por aquel entonces, el secretario general de la UGT era José Vázquez Avelino.
