Según El País, considera que los agentes policiales fronterizos no distinguen entre inmigrantes económicos y refugiados. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera que en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta existen ciertas deficiencias en materia de asilo político, según se desprende de unas declaraciones realizadas por su responsable jurídica en Andalucía, Lourdes Navarro, al diario El País.
En concreto, afirma que en ambas ciudades “nadie informa de los derechos que tienen los posibles asilados. Solo les dicen que no pueden viajar a la península porque les falta un documento de la Delegación del Gobierno o del director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), quien carece de poder jurídico para emitir ningún documento de este tipo”. Además, asegura que se está incumpliendo la normativa de la Ley de Asilo.
“En España cohabitan dos problemas en cuanto a esta materia: Una clara falta de formación y la falta de información por parte de los agentes policiales fronterizos que no hacen distinciones entre los inmigrantes económicos y posibles refugiados”, aseveró la responsable de CEAR.
Asimismo, el artículo recoge que las delegaciones del Gobierno de Melilla y Ceuta reconocen que no siempre es fácil identificar en un primer momento los casos que sí cumplen los parámetros para ser solicitantes de asilo, debido al gran número de inmigrantes irregulares que acceden al territorio español.
Además, recuerdan que las ciudades autónomas tienen una cláusula de reserva del espacio Schengen, que establece que los extranjeros que acceden a dichos territorios no pueden entrar en la UE si no están documentados. Ese es el motivo, según la Delegación del Gobierno en Melilla, por el que a los demandantes de asilo no se les permite cruzar el Estrecho.
Por otro lado, se recuerda que en 2010, el Defensor del Pueblo abrió una investigación sobre la actuación de agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales (UCRIF) por interrogar a un grupo de magrebíes, solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, sin presencia de un abogado y por hacerles preguntas ajenas a dicho procedimiento.
Además, inició otra indagación paralela basándose en cuatro sentencias del Tribunal Superior de Andalucía que declaran una evidente vulneración de la libre circulación y movimiento de solicitantes de asilo a los que se impide acceder a la península desde ambas ciudades autónomas.
Para organizaciones e instituciones como CEAR, Acnur y el Defensor del Pueblo, la Ley de Asilo en España se ha convertido en “una carrera de obstáculos” para quienes necesitan protección internacional inmediata. El 73% de las 3.400 solicitudes de asilo presentadas en 2011 ante las autoridades españolas fueron denegadas.
