El Parlamento insular acordó informar de su decisión a Melilla, que ya se pronunció sobre el asunto acatando este “pequeño sacrificio” para “ahorrar recursos estatales”. Todos los grupos del Parlamento de Canarias pidieron que se mantenga el DNI como forma de acreditar la condición de residente para el transporte, una solicitud que también apoyó el PP por considerar que con el acuerdo se pueden buscar mecanismos de control para combatir el presunto fraude en este ámbito.
Esta demanda se incluía en una proposición no de ley presentada por el grupo Nacionalista Canario y que fue aprobada por unanimidad en el pleno del Parlamento autonómico, que acordó comunicar este acuerdo al Parlamento de Baleares y a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
En la proposición se pide mantener el sistema de acreditación mediante el DNI de la condición de residente, sin perjuicio de los mecanismos de control que puedan promoverse desde la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias o en otros ámbitos de cooperación territorial del Estado con las comunidades y ciudades autónomas afectadas.
Durante la defensa de la propuesta, el presidente del grupo parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, dijo que volver a pedir el certificado de residencia como forma de acreditar la condición insular en los viajes supone un paso atrás hacia un modelo superado hace quince años.
Ruano dijo que no se rechaza investigar un presunto fraude ni encontrar puntos para evitarlo “si lo hay, porque no tenemos datos acerca de eso, simplemente se ha afirmado de forma poco empírica y a partir de ahí se ha condicionado”.
No podemos ahora trasladar al ciudadano la carga administrativa al albur de un presunto fraude del que no se sabe cuantía ni frecuencia “pero lo cierto es que ciudadanos van y vienen entre islas y península acreditando su condición con el DNI”, añadió.
El diputado del grupo Popular Felipe Afonso El Jaber recordó que el Ministerio de Fomento ha vuelto a exigir el certificado de residencia por la disminución en el número de pasajeros y por su voluntad de luchar contra el fraude, lo que es “una obligación legal y ética”.
Señaló que en 2010 la Federación de Agencias de Viajes detectó un fraude masivo en el empadronamiento “pero no se investigó y se miró para otro lado”, pero añadió que el PP apoya la iniciativa porque coincide en la necesidad de buscar mecanismos de control.
Román Rodríguez, del grupo Mixto, coincidió en que hay que buscar mecanismos para resolver cualquier problema en este ámbito, pero ante todo el Estado debe ver que es “una necesidad” mantener la acreditación mediante el DNI.
La diputada del grupo Socialista Belinda Ramírez alertó sobre la degradación del servicio de transportes y el atraso que supone la reimplantación del certificado de residencia, a su juicio una vuelta a la burocracia “que choca frontalmente” con la modernización tecnológica y la simplificación administrativa.
