Según el auto, la esposa del líder de CpM está acusada de falsedad y prevaricación por firmar certificaciones médicas de impedimento a personas a las que no llegó a examinar.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, en una pieza separada del llamado ‘caso del voto por correo’, ha imputado a un notario de la ciudad autónoma, cuyas iniciales son P.A.L.C. y a la esposa del líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, por supuestos delitos de falsedad y prevaricación.
Según el auto dictado por el juez Miguel Ángel García, se detectaron una serie de irregularidades en la formalización de poderes notariales para emitir el voto por correo de personas que se encontraban impedidas y que, por tanto, no se podían presentar en la sede de Correos.
Cuarenta y dos de esos certificados médicos estaban firmados, según un informe de la Guardia Civil, por Z.K.M., esposa Aberchán, imputado también en el procedimiento y considerado junto al ex secretario general del Partido Socialista (PSOE) de la ciudad, Dionisio Muñoz, instigador de la trama.
En el auto, el juez asevera en su escrito que ninguna de las personas a las que la doctora le expidió su certificación médica fueron vistas por ésta en horario laboral y en el desempeño de su trabajo. Por ello, al igual que al notario, se le imputa también por presuntos delitos de falsedad y prevaricación.
Según consta en el auto, el notario imputado realizó el día 27 de febrero de 2008 un total de 49 poderes electorales, una cifra que resulta “poco verosímil” debido a la necesidad de tener que desplazarse para ello a distintas zonas de Melilla, los lugares de residencia de las personas de los presuntos poderdantes.
Todo ello se refuerza con el testimonio de personas que, supuestamente, habían dado el poder notarial a un apoderado para ejercer el voto, algo que negaron, llegando incluso a aseverar que ni siquiera conocían al que teóricamente era su representante.
“Se aprecian serias dudas de que el notario haya estado presente en el otorgamiento de todos los poderes electorales, no sólo porque diez personas son las que testifican tal extremo, sino porque además, según la Guardia Civil, no hay tiempo material de llevarse a cabo la totalidad de los actos protocolarios”, recoge el auto.
El juez apunta directamente a Aberchán y Muñoz como las personas encargadas de urdir la trama por la que se pretendía, presuntamente, comprar votos en favor de la coalición PSOE-CPM en las elecciones generales de 2008, ofreciendo a cambio un puesto de trabajo en los planes de empleo de la Delegación de Gobierno.
La suma de imputados en el procedimiento, que ha sido dividido en varias piezas separadas, supera la treintena, entre ellos, dos ex delegados del Gobierno, dos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo y gran parte de la cúpula del PSOE local y CpM.
Los tentáculos de la trama siguen extendiéndose.
El caso del voto por correo continúa complicándose por momentos, pues en los últimos autos el juez ha visto indicios de que estaban implicados, además del notario y la mujer de Aberchán, dos ex delegados del Gobierno, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar; el ex director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana y la directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla. A estos cuatro últimos se les acusa de supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.
El juez considera que los organizadores de la trama delictiva supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía, iniciando para ello la última fase de la red.
El auto asegura que, de los 1.388 trabajadores contratados directamente en los planes de empleo, 300 no cumplen los requisitos mínimos exigidos, además de otros 239 que no se pueden verificar, al no contar con la documentación necesaria. Asimismo, de 1.000 que requieren documentación académica, sólo la acreditan 589.
El juez ha citado a los nuevos imputados para que declaren a partir del 19 abril en el Juzgado de la ciudad autónoma.
