Destaca por un lado “el ambiente de consenso” de la Comisión Mixta y por otro, la inclusión en la calificación de drogas de sustancias como el alcohol o el tabaco.
El diputado nacional del PP por Melilla, Antonio Gutiérrez, calificó ayer como “clarificadora” la comparecencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, quien expuso ante la Comisión Mixta Congreso Senado para el Estudio del Problema de las Drogas las líneas maestras que seguirá el Ejecutivo de España en esta materia durante esta legislatura.
Gutiérrez, que ocupa la Vicepresidencia primera de esta Comisión Mixta, destacó de la intervención de Babín su propuesta de profundizar en los mecanismos de coordinación y cooperación ya existentes, tanto para el tráfico como para la prevención contra la droga, además de marcar como drogas otros elementos que hasta ahora no se denominaban así, caso del alcohol, el tabaco y las sustancias hipnosedantes. Babín, según explicó Gutiérrez, instó a los diputados a abandonar el calificativo de ‘drogas blandas’ cuando se haga referencia a estas sustancias y utilizar por el contrario la calificación de droga.
El diputado nacional también puso en valor las estadísticas aportadas por Babín para argumentar la necesidad de cooperación y coordinación con todos los organismos nacionales e internacionales, así como ONGs, destacando sobre todo las referidas al alcohol.
En este sentido comentó la elevada cifra de menores de 14 años que han probado el alcohol y subrayó como dato negativo que uno de cada cuatro jóvenes menores o igual a 14 años han ingerido esta sustancia.
Por ello alabó algunas de las medidas que se van a implantar para tratar de paliar estas cifras, que si bien ya se estaban aplicando, todavía lo van a hacer con mayor énfasis. Es el caso del control de la publicidad para evitar que de forma subliminal se pueda promover el consumo de esta sustancia, la vigilancia de las redes sociales y el trabajo en el ámbito escolar.
Al hilo, Gutiérrez informó de que se ha diseñado un “plan muy ambicioso” de prevención y asesoría para vigilar el fracaso escolar, que como apuntó, “muchas veces está vinculado a problemas con las drogas”, y en el que se fomentará la formación, la creación y la dotación de talleres de ocio alternativo y efectuar un protocolo de prevención a través de los colectivos denominados de riesgo.
Gutiérrez también indicó que Babín había instado a la Comisión –“que ha aceptado”– a crear una ponencia, un grupo de trabajo que estudie pormenorizadamente y por separado cada una de las líneas maestras de este Plan contra la Droga
En definitiva, el diputado nacional destacó el gran “ambiente de consenso” que se ha respirado en esta cita de la Comisión, en parte promovido por el trabajo del delegado del Gobierno “que en su exposición ha intentado unificar criterios”, a la vez que alabó que todos sus integrantes “hayan dejado de lado sus ideologías políticas para tratar de trabajar al unísono”.
Por último, el diputado nacional por Melilla adelantó que tanto el presidente de la Comisión, Gaspar Llamazares, como él mismo, habían intensificado su trabajo para confeccionar en el menor tiempo posible ponencia, que muy probablemente quedará establecida en esta próxima semana.
El acceso al consumo de alcohol, a partir de los 18 años
Babín anunció que el Gobierno tiene la intención de establecer una norma para homogeneizar en todo el Estado la edad legal –a partir de los 18 años– de acceso al consumo y compra de sustancias legales con potencial adictivo, como el alcohol, que según dijo, está presente en más del 90% de los casos de policonsumo.
“No se trata tanto de legislar desde el Estado lo que tienen que hacer las Autonomías y Ayuntamientos, pero sí significar de algún modo cuáles son las circunstancias en las que el consumo de alcohol en los adolescentes está claramente perjudicando a su salud y desarrollo”, según declaró.
Para ello, el Gobierno intentará redactar esta normativa con el consenso de otras Administraciones, y que una vez que sea emitida por el Estado pueda ser considerada básica “de obligado cumplimiento por parte de todos los territorios”.
También se aprovecharía esta norma para definir los distintos ámbitos de intervención en los que “es natural hacer la prevención” y cuáles son los criterios que tienen que cumplir los programas para que sean eficientes y puedan recibir fondos del Estado de cara a financiar esas actividades.
