El presidente accidental destaca las buenas relaciones con la Delegación del Gobierno para dar una respuesta a esta problemática, tras un nuevo incendio en Palma Santa.
Tras el incendio que se registró el pasado miércoles en las inmediaciones del Cerro de Palma Santa destruyendo seis de las chabolas que allí hay instaladas y que son ocupadas por inmigrantes que residen en el Centro de Estancia Temporal (CETI), el presidente accidental de la Ciudad, Miguel Marín, insistió ayer en que la solución a esta problemática pasa únicamente por la vía judicial.
Marín recordó que se trata de chabolas que están ubicadas en terrenos privados, por lo que, la actuación tanto de la Administración local como estatal está limitada. “No podemos actuar a la ligera”, afirmó.
Por ello, el presidente accidental recalcó la necesidad de que tanto la Delegación del Gobierno como la Ciudad Autónoma deben colaborar para agilizar en lo posible una solución, también contando con los propietarios de los terrenos en donde las chabolas están construidas, ya que, según señaló “nosotros no nos podemos extralimitar en nuestras competencias”.
Sobre la relación entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno en Melilla, Marín no dudó en afirmar que éstas son “positivas” y que la actitud de Antonio María Claret siempre ha sido de “comprensión” y de “comunicación constante con el Gobierno local para tratar temas de ciudad”, por lo que no dudó en afirmar que “estamos encantados” con el delegado del Gobierno en Melilla.
El incendio que se registró el pasado miércoles en seis chabolas ubicadas en las cercanías del Cerro de Palma Santa no se cobró ninguna víctima mortal como sí ocurrió el pasado mes de marzo cuando tres inmigrantes perdieron la vida en otro incendio declarado en la chabola donde se encontraban.
La problemática sobre este tipo de asentamientos ha sido denunciada varias veces por los vecinos del Cerro en los medios de comunicación, pero también ante las autoridades policiales sin que, por el momento, esta situación tenga una solución pronta. Desde ese momento, Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma han mantenido diversos contactos para favorecer una solución a la situación, pero siempre han insistido en que es la Justicia la que debe autorizar una intervención en la zona.
